Resoluciones de la ONU, dictámenes de la Justicia Internacional, derechos humanos y toda la legalidad al tacho de la basura...

Ahora hace un año. Israel puso en marcha la primera demolición de viviendas en las áreas A y B de Cisjordania. Fueron 12 edificios con más de 70 viviendas y 350 familias resultaron afectadas. Entonces se convirtieron en el mayor número de viviendas con orden de demolición desde la ocupación de los territorios palestinos en 1967. Israel justificó la acción alegando que estaban demasiado cerca de la valla de seguridad. Las agencias de la ONU recordaron que el Tribunal de Justicia Internacional consideró en el 2004 ilegal esa valla. 

El Gobierno israelí decidió en el 2002 levantar estructuras de contención para separar en la Cisjordania ocupada las zonas palestinas de las israelís. En la actualidad, la construcción ocupa unos 800 kilómetros de largo, la gran mayoría en zona palestina. En unas partes es un enorme muro de hormigón y en otras, una valla electrificada. Esta infrastuctura ha provocado la división de pueblos, ciudades y familias enteras palestinas . Los palestinos la llaman muro de la separación; los israelís, valla de seguridad, y los activistas, muro de apartheid. 

Uno de los pactos alcanzados en los Acuerdos de Oslo de 1993 consistió en dividir Cisjordania en tres zonas, cada una de ellas con un estatus diferente. El Área A representa el 18% del territorio y está bajo la administración de la Autoridad Nacional Palestina, aunque abierta a que puedan entrar soldados israelís a llevar a cabo detenciones. El Área B, el 22% del territorio, también lo administra la ANP, pero está bajo el mando militar isaelí. Y el Área C, el 60% de Cisjordania, donde se levantan los asentamiento judíos, está bajo el poder de Israel.