El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió extender la “soberanía judía” a todos los asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania, considerándolos “como parte del Estado de Israel”. Aseveró: “Aplicaremos soberanía judía a todas las comunidades, como parte de la tierra de Israel y el Estado de Israel”.

Tres días después, en una desafiante visita a Hebrón, la primera que hace un primer ministro israelí en funciones a la ciudad más grande de Cisjordania, controlada en 80% por palestinos y 20% judíos, y considerada sagrada por las tres religiones monoteístas, y en la histórica y significativa Cueva de los Patriarcas, que según las tradiciones judías, cristianas e islámicas, están enterradas tres parejas bíblicas de gran importancia: Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Lea, Netanyahu afirmó: “No somos extranjeros en Hebrón, y permaneceremos aquí para siempre”. (Sitio Ynet, 4 Sept. 2019, Hebrón).

Estas declaraciones y discursos, con claras intenciones proselitistas, se dieron dos semanas antes de las elecciones israelíes, que se efectuaron el 17 de septiembre de 2019, en las cuales Benjamín Netanyahu triunfó para lograr el récord de ser primer ministro por quinta vez en la historia del Estado de Israel, a pesar de las graves acusaciones de presunta corrupción en su contra. García Gascón escribió entonces: “Cuatro casos de presunta corrupción implican a Benjamín Netanyahu. Las investigaciones avanzan mientras el primer ministro confía en obtener inmunidad en el Parlamento. Cuando apenas faltan dos semanas para las elecciones, se han producido nuevas revelaciones que colocan a Netanyahu en la situación más comprometida que ha vivido hasta ahora”. (Eugenio García Gascón, Diario Público de Madrid, 3 Sept. 2019, Jerusalén).

Sin lugar a duda, este discurso de Benjamín Netanyahu, respaldado por parte del gobierno y parte de la población israelí, viola claramente los acuerdos y leyes regionales y globales ya establecidos, los cuales se lograron después de grandes esfuerzos. Históricamente Israel ha procedido desatendiendo normas, leyes y resoluciones, y ha actuado contrariamente en forma aciaga y desafortunada.

En 1980 anexionó la parte oriental de Jerusalén, lo cual fue inmediatamente considerado “una violación del derecho internacional” y declarado “nulo y carente de valor” por la Resolución 478 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 20 de agosto de 1980. Esta acción violatoria de Israel fue recientemente respaldada por algunos países, incluido Estados Unidos., que había anunciado, el 6 de diciembre de 2017, el traslado de su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, medida ejecutada el 13 de mayo de 2018. Guatemala también lo hizo. La comunidad internacional se alarmó por tal acción, sin embargo, Israel ha estado trabajando para alentar a otras naciones a seguir su ejemplo, en un claro desafío a las resoluciones de las Naciones Unidas que consideran “ilegal” cualquier jurisdicción israelí sobre esta parte de la ciudad.

Anteriormente, en la década de los ochenta, también Israel aceleró la creación de nuevos asentamientos, lo cual era y sigue estando en contra de la ley internacional, y los colonos judíos en Cisjordania elevaron su población al aumentar de 35.000 en 1984 a 64.000 en 1988, alcanzando 130.000 a mediados de los noventa. (Morris, Benny, 2011, Righteous Victims: A History of the Zionist-Arab Conflict).

Entre tantos conflictos y enfrentamientos, y después de grandes esfuerzos, en 1995 se lograron los Acuerdos de Oslo, firmados por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) con los cuales se llegó a una división temporal de los territorios de Cisjordania y la Franja de Gaza. Estos acuerdos sentaron las bases para la creación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a la que fue transferida la administración de la franja de Gaza y parte del territorio de Cisjordania, excepto Jerusalén Este, cuyo estatus iba a decidirse en negociaciones posteriores. La división tenía el objetivo de ser temporal para dar lugar, en el plazo de cinco años, a un acuerdo global que daría nacimiento a un Estado palestino independiente, algo que no ocurrió.

Desde hace más de quince años, Israel ha estado construyendo barreras y muros, separando poblaciones, comunidades y pueblos palestinos. El trazado del polémico muro en Cisjordania ha sido criticado tanto por organizaciones pacifistas israelíes, por ejemplo Peace Now y B’Tselem, como por organizaciones internacionales: Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, Unicef, la Asamblea General de la ONU, la Corte Internacional de Justicia de La Haya y la Oficina Coordinadora de la Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas en los Territorios Ocupados Palestinos. (Amnistía Internacional, Informe 4 Jul 2007; CBS News. «UN: Israel Must Tear Down West Bank Barrier», 10 Jul. 2004).

Israel pretende ahora, de la mano de Netanyahu, hacer permanente su presencia en tierra palestina y convertir en israelí todo territorio posible de adicionar al recibido después de la Segunda Guerra Mundial. Este procedimiento expansionista, sistemático y constante ha predominado en toda la historia del Estado de Israel, desde su creación por la resolución de las Naciones Unidas 181(II) de la Asamblea General de 1947, en la que se dividió el mandato británico de Palestina en dos gobiernos, uno judío, Israel con 56% del territorio y otro árabe, Palestina con 43%. Jerusalén quedaba como territorio internacional estableciéndose un corpus separatum bajo la administración de las Naciones Unidas.

Estas acciones han tenido como resultado que el Estado de Israel controla en la actualidad más de 78 % del territorio total, quedando para Palestina los remanentes de la franja de Gaza y Cisjordania, esta última con altos riesgos de reducirse mucho más, dadas las intenciones mostradas en el primer discurso en la historia que un primer jefe del gobierno israelí pronunciara en Hebrón, el pasado 4 de septiembre, respaldado por el presidente del Parlamento israelí, Yuli Edelstein.

El siguiente mapa muestra la pérdida de territorio por parte del pueblo palestino desde 1947 hasta 2009.

Desde 2008 se impone un bloqueo a la franja de Gaza por parte de Israel, y en la actualidad todo alimento, medicina o cualquier otro producto que se pretenda ingresar, debe pasar por las aduanas israelíes, las que deciden qué deben consumir los palestinos y en qué cantidad. Cisjordania, el otro sector palestino, está poblado cada vez por más colonos judíos, quienes se extienden dadas las condiciones discriminatorias en contra de los nativos palestinos.

Israel ha emprendido en los últimos años diferentes ofensivas militares por tierra, mar y aire; los palestinos aplican el hostigamiento de la guerrilla. La mayor parte se han desarrollado en Gaza. Como resultado de las actuaciones ofensivas y defensivas de ambas partes, el contador de víctimas es alarmante: 9.500 palestinos y 1.246 israelíes en lo que va del siglo XXI, una clara desproporción de fuerzas.

Numerosas son las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra el Estado de Israel, la más reciente es la 2334, del 23 de diciembre de 2016, reafirmando varias resoluciones pertinentes anteriores desde la 242 de 1967 hasta la 1850 de 2008, en la cual se considera que todos los asentamientos de Israel en Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán son una “flagrante violación de la ley internacional” e insta a Israel a detener toda actividad en ellas.  (Sengupta, Rick Gladstone y Somini, 23 dic.2016, The New York Times). El título de la conferencia en Madrid del embajador de Palestina en España, Mussa Amer Odeh, el 28 Noviembre pasado es elocuente: “Aplicar las resoluciones de Naciones Unidas sobre Palestina: un reto urgente”. El alto diplomático inició su intervención con una aclaratoria: “No es conflicto religioso, es político”.

 

Fuente: Samir Azrak, El Nacional