La prensa israelí revela una “lista secreta” de cargos israelíes que podrían ser arrestados en el extranjero. La Corte Penal Internacional, confirmó que poseía suficientes pruebas para abrir una investigación por crímenes de guerra en la Palestina ocupada. El gobierno israelí teme que las amenazas de Washington a la Corte no estén surtiendo efecto.

Por Clara López González para Canarias-Semanal.org 

 

Cuando la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, confirmó en diciembre pasado que había amplia evidencia para abrir una investigación por crímenes de guerra en la Palestina ocupada, el gobierno israelí respondió con su retórica habitual, acusando a la comunidad internacional de parcialidad e insistiendo en que Israel tiene “derecho a defenderse”.

El pasado mes de abril, Bensouda presentó un informe legal de 60 páginas titulado: “Situación del Estado de Palestina: Respueta de la Fiscalía a las Observaciones de Amici Curiae, Representantes de la Víctimas y Estados”.

En ese informe, la CPI aborda muchas de las preguntas, dudas e informaciones elevadas en los cuatro meses posteriores a diciembre. Países como Alemania y Austria, entre otros, han actuado como amici curiae (“amigos de la Corte”) para poner en cuestión la jurisdicción de la CPI y el estatus de Palestina como país.

Bensouda insiste en que “la fiscalía está convencida de que hay bases razonables para iniciar una investigación sobre la situación de Palestina bajo el artículo 53(1) del Estatuto de Roma, y que el ámbito de la jurisdicción territorial de la Corte comprende Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y Gaza -el Territorio Palestino Ocupado". 

Sin embargo, Bensouda no ha puesto fechas definitivas; en su lugar ha pedido que la Cámara que se ocupa de la fase anterior al juicio “confirme la jurisdicción territorial de la Corte en Palestina", trámite adicional que apenas se requiere ya que el Estado de Palestina, signatario del Estatuto de Roma, es el que puso el caso en la fiscalía de la CPI.

El informe de abril, en particular, ha hecho sonar las alarmas en Tel Aviv. Entre la decisión inicial de diciembre hasta la publicación de este último informe, Israel ha estado presionando en varios frentes, pidiendo ayuda a países que son miembros de la CPI así como a su mayor benefactor, Washington -que no es miembro de la CPI-, para hacer que la Corte revoque su decisión.

El 15 de mayo, el Secretario de Estado, Mike Pompeo, intimidó a la CPI y a la fiscal Bensouda en particular. El 11 de junio, EE.UU impuso unas sanciones sin precedentes a este tribunal. Trump emitió una “orden ejecutiva” que autorizaba la congelación de bienes y la prohibición de viajar a los funcionarios de la CPI, sus familias o cualquier individuo o entidad que ayudase en la investigación.

Estas medidas sancionadoras contra la CPI son tan peligrosas como aborrecibles. Pero también ponen al descubierto la hipocresía de Washington -el país que alega defender los derechos humanos e intenta evitar que aquellos que los violan respondan ante la justicia.

Ante el fracaso en interrumpir las diligencias de la CPI, Israel comenzó a prepararse para lo peor. El 15 de julio, el periódico israelí Haaretz informaba sobre una “lista secreta” que fue redactada por el gobierno de Israel. La lista incluye “entre 200 y 300 cargos”, desde políticos a militares y oficiales de la inteligencia, que podrían ser arrestados fuera del país si la CPI abriera oficialmente la investigación sobre los crímenes de guerra. Primeros en la lista figuran el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y su actual socio de coalición, Benny Gantz.

Ya en sí el número de cargos israelíes que figuran en esta lista es indicativo de la amplitud de la investigación de la CPI. Y, de algún modo, supone una auto-inculpación, ya que también están los ex-ministros de defensa -Moshe Ya'alon, Avigdor Lieberman y Naftali Bennett; los actuales y antiguos jefes de personal militar - Aviv Kochavi, Benny Gantz y Gadi Eisenkot, y los actuales y antiguos jefes de la inteligencia interior, el Shin Bet -Nadav Argaman y Yoram Cohen.

Diversas organizaciones de derechos humanos ya han acusado a todos estos invididuos de graves abusos cometidos durante las letales guerras de Israel sobre la sitiada Gaza. Pero la lista incluye también a “gente en posiciones mucho más inferiores”: militares de bajo rango y, quizás, incluso funcionarios implicados en dar varios tipos de permisos para asentamientos ilegales.

Israel entiende perfectamente que la comunidad internacional considera inadmisibles y equivalentes a crímenes de guerra la construcción ilegal de colonias en la ocupada Palestina, la limpieza étnica de palestinos y la transferencia de ciudadanos israelíes a los territorios ocupados.

Netanyahu debe haberse sentido muy decepcionado al comprobar que las concesiones de Washington a Israel bajo la presidencia de Trump no han logrado alterar la posición de la comunidad internacional en cuanto a la aplicación de la ley.

Además, no sería exagerado afirmar que el retraso de Tel Aviv en su plan de anexionarse ilegalmente casi un tercio de Cisjordania está directamente vinculado a la investigación de la CPI, ya que la anexión habría hecho fracasar completamente los intentos de los amigos de Israel de parar la investigación.

Mientras todo el mundo, especialmente los palestinos, los árabes y sus aliados, esperan ansiosos la decisión final de la Cámara que se ocupa de la fase previa del juicio, Israel seguirá con su campaña abierta y encubierta de intimidación a la CPI y cualquier otra entidad que vaya a exponer sus crímenes de guerra y juzgar a los responsables.

Washington también seguirá luchando para que Netanyahu, Gantz y los “200 a 300” otros cargos israelíes pasen ni un solo día ante el tribunal.

Sin embargo, el hecho de que exista una “lista secreta” indica que Tel Aviv sabe que los tiempos están cambiando y que la legalidad internacional, que ha fallado a los palestinos durante más de 70 años, podría, por una vez, traer algo de justicia.

 

Fuente en inglés: www.mintpressnews.com / por Ramzy Baroud