¿Cómo quedarse en casa cuando el poder ordena demolerla? ¿Cómo hacerlo cuando los soldados irrumpen a la madrugada para arrancarte de la cama y llevarte a un lugar desconocido? Ante el avance de la pandemia, los palestinos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad.

La semana pasada, Malik Ghanem, uno de los 60 mil palestinos de Cisjordania que trabajan en Israel, se sintió afiebrado. Llamó a un hospital cercano a Tel Aviv y pidió una ambulancia. Como le exigían pagar casi 100 euros, Ghanem fue por su cuenta al hospital. Ahí llamaron a la Policía, que, a su vez, lo entregó al Ejército israelí. Los soldados lo llevaron al checkpoint de Beit Sira (uno de los que conectan los territorios ocupados con Israel) y lo tiraron a la carretera del lado palestino, diciéndole: “En Israel no hay sitio para ti. Que la Autoridad Palestina te ponga en cuarentena”. Estuvo tres horas así hasta que una ambulancia palestina lo recogió. Finalmente, Ghanem dio negativo: no tenía covid-19.

Cinco días más tarde, el 26 de marzo, a alrededor de las 7.30, el Ejército israelí llegó con una excavadora y dos camiones con grúas a la comunidad palestina de Jirbet Ibziq, en el norte del Valle del Jordán. Confiscaron postes y lonas que debían formar seis carpas, dos para una clínica de campaña y cuatro para viviendas de emergencia para personas evacuadas de sus hogares. También se llevaron un generador de energía, bolsas de arena y cemento, cuatro palés de hormigón para los pisos de las carpas, y destruyeron otros cuatro.

De acuerdo a la organización israelí de derechos humanos B’Tselem: “Mientras el mundo entero lucha contra una crisis sanitaria sin precedentes, el Ejército de Israel dedica tiempo y recursos a acosar a las comunidades palestinas más vulnerables de Cisjordania, a las que ha intentado expulsar de la zona durante décadas. Destruir una iniciativa comunitaria de primeros auxilios durante una crisis sanitaria es un ejemplo especialmente cruel de los abusos habituales que se infligen a estas comunidades y va en contra de los principios humanitarios básicos durante una emergencia.”

En el mismo sentido, Adalah (centro para los derechos de la minoría árabe en Israel) denunció, el 10 de marzo, que las autoridades no prestan ningún servicio sanitario básico a ninguna de las 45 comunidades árabes que alojan a más de 75 mil habitantes en el desierto del Naqab, con el pretexto de que son ilegales. También señaló la insuficiencia de información en árabe sobre la pandemia. “Israel ha mantenido durante años una política de negligencia y discriminación a la hora de proporcionar servicios de salud de rutina y emergencia a los ciudadanos beduinos”, dijo la organización. “Ante la crisis del coronavirus, esta política estatal resulta un peligro inmediato para los residentes locales y el público en general.”

Esto no es nuevo, observa el periodista gazatí Musaab Bashir: el último informe estadístico oficial evidencia una importante brecha sanitaria entre la población judía y la minoría árabe en Israel (un 20 por ciento de los ciudadanos). Según el informe, la esperanza de vida de la primera es de 81 años, mientras que la de la segunda es de 77. La mortalidad neonatal de los árabes de Israel es de 4,8 por mil, mientras que la de los judíos es de 2,5 por mil.

En tanto, con las escuelas cerradas debido a la pandemia, el Ministerio de Educación está brindando clases por Internet, pero más de la mitad del estudiantado palestino con ciudadanía israelí vive por debajo la línea de pobreza y no tiene acceso a la red. En el Naqab, el 70 por ciento de los estudiantes ni siquiera tiene acceso a la electricidad.

BUSINESS AS USUAL.

Mientras que en todo el mundo los gobiernos han redirigido sus recursos y políticas a combatir el covid-19, en los territorios palestinos ocupados el Ejército y los colonos israelíes ilegales aprovechan la cuarentena forzada para expandir la colonización, destruir propiedades y robar más tierra y agua a las comunidades palestinas. La violencia represiva de los ocupantes tampoco ha cedido: continúan las ejecuciones extrajudiciales y los arrestos nocturnos. Eso sí: ahora los soldados van protegidos con trajes especiales para evitar el contagio (cuando hay confirmados más de 4.300 casos de covid-19 en Israel y sólo un centenar en los territorios palestinos).

El 25 de marzo, Stop the Wall, la campaña palestina contra el muro y las colonias, emitió un llamamiento “a la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos para que intervengan y apoyen al pueblo palestino en su lucha por estar a salvo tanto del coronavirus como de la ocupación israelí”. “Mientras la población palestina sufre una escalada de agresiones, los privilegiados colonos israelíes ilegales son atendidos y protegidos, incluso cuando [nos] atacan”, asegura Stop the Wall.

El documento reseña sucesos recientes en los que, a pesar de la situación excepcional, las fuerzas israelíes continuaron sus prácticas habituales en los territorios ocupados: mientras que los palestinos obedecen la cuarentena ordenada por sus autoridades locales, Israel avanza con su plan de anexión del estratégico Valle del Jordán, ordena o ejecuta la demolición de viviendas palestinas (lo que convierte la consigna “Quedate en casa” en una amarga ironía), asesina a jóvenes que defendían su tierra o simplemente viajaban en auto por la noche, y no aplica a los 5 mil presos palestinos las medidas de prevención del virus puestas en práctica en las cárceles comunes.

GAZA: RECETA PARA LA CATÁSTROFE. 

Con una decena de casos confirmados y una densidad demográfica de 5.500 personas por quilómetro cuadrado, grupos de derechos humanos advierten de un inminente desastre masivo en caso de que surja un brote generalizado de covid-19 en la Franja de Gaza. “Sus habitantes están entre los más vulnerables del mundo a la pandemia”, declaró en los últimos días la organización Al-Haq, que agregó que la falta casi total de agua potable y saneamiento, y un sistema de salud llevado al colapso por 14 años de bloqueo socavan “la capacidad de Gaza para prevenir y mitigar adecuadamente el impacto del covid-19”.

La doctora Mona El-Farra, jefa de salud de la Media Luna Roja Palestina en Gaza, señaló la semana pasada que hay escasez de camas, equipos de protección y kits de prueba. El domingo, el Centro Palestino para los Derechos Humanos lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para apoyar el sistema de salud gazatí, que cuenta con sólo un centenar de camas de cuidado intensivo (un 70 por ciento de ellas, actualmente ocupadas) y 93 ventiladores para una población de 2 millones. También exhortó a presionar a Israel para que cumpla sus obligaciones ante el derecho internacional, levante el bloqueo y permita la entrada de suministros médicos para enfrentar la pandemia.

LASCIATE OGNI SPERANZA.

En esta crisis de coronavirus, se ha difundido que Israel donó (a pedido de la Autoridad Palestina) 200 test para Gaza y “otorgó la residencia israelí” a palestinos que todos los días cruzan los checkpoints para trabajar en Israel. Nada más alejado de la realidad, como explica Musaab Bashir: la cantidad de kits es simbólica, cuando lo que hace falta es recuperar el sistema sanitario de Gaza de la crisis en que lo han dejado 14 años de bloqueo israelí (sin olvidar que, según el derecho internacional humanitario, como potencia ocupante Israel debería ser responsable del bienestar de la población ocupada).

En cuanto al asunto de la residencia israelí, algunos trabajadores palestinos apenas recibieron permiso para pernoctar en Israel durante un par de meses (en los locales de trabajo y con total restricción de movimiento), simplemente porque las empresas no quieren prescindir de esa mano de obra barata. Esos trabajadores saben que tienen más posibilidades de contagiarse en Israel y que allí no recibirán el tratamiento que puedan necesitar. Únicamente la necesidad de alimentar a sus familias los obliga a correr ese riesgo.

No hay virus que pueda alterar el racismo institucional contra la población palestina a ambos lados de la Línea Verde. Como dijo estos días el autor israelí Miko Peled –analizando el desenlace de la tercera elección israelí en un año, celebrada a comienzos de marzo–, “desde la política electoral hasta la respuesta al coronavirus, en Israel reina la mentalidad de apartheid”. En un insólito giro consumado el 22 de marzo, Benny Gantz, rival del actual primer ministro de Israel, Biniamin Netaniahu, con quien había empatado técnicamente en lo comicios, prefirió cederle a este último la victoria y renunciar a la posibilidad de convertirse en premier antes que aliarse a la Lista Conjunta, de los partidos árabes. Estos son actualmente la tercera fuerza en el Parlamento israelí y estaban dispuestos a darle sus votos a Gantz para desbancar a Netaniahu. Moraleja: mantener la pureza del Estado judío a cualquier precio es más importante que articular cualquier proyecto político que incluya a “los árabes”.

 

Fuente: María Landi, La Brecha