Sectores israelíes intentan blanquear la violación de los derechos humanos y la represión ejercidas por su país con un aparente repunte del antisemitismo

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) antisemita es la persona “que muestra hostilidad o prejuicio hacia los judíos, su cultura o su influencia”. De igual forma, el diccionario del español jurídico de la propia institución añade que también es la que “comete delito incitando a la discriminación, odio o violencia contra el pueblo judío”.

Ayer se celebraba el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto con motivo del 75º aniversario de la liberación de los prisioneros del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, construido por los nazis en tierras polacas cercanas a Cracovia. Se calcula que aproximadamente 1,3 millones de personas pasaron por aquel lugar, muriendo alrededor de 1,1 millones. La mayoría fueron víctimas judías (960.000), pero la barbarie del nazismo alemán asesinó a más de 74.000 polacos no judíos, 21.000 gitanos, 15.000 prisioneros de guerra soviéticos, republicanos españoles y a miles de personas más de otras nacionalidades, ideología política, religiones u orientación sexual, según recoge la Holocaust Encyclopedia Auschwitz.

200 supervivientes regresaron ayer al lugar de los hechos para que no se olvidara lo que allí sucedió y señalar al nazismo alemán como artífice del aquel terrible genocidio. No obstante, a pesar de que el 90% de los prisioneros y asesinados fueron judíos, y de que la Solución Final fue una vil realidad contra el pueblo judío, hay que diferenciar el odio hacia este pueblo (antisemitismo) de la legítima crítica actual al Estado de Israel, que está perpetrando un genocidio en Palestina con métodos similares y evolucionados de los que utilizaron  los nazis contra los judíos en el Holocausto.

Existe una creencia actual, planteada desde los lobbies judíos, de la existencia de un crecimiento del antisemitismo que, a pesar del avance de la ultraderecha y los discursos de odio, no implican un repunte antisemita sino el intento de poner negro sobre blanco la tiranía de un Estado que está ocupando una tierra que no es suya. El caso de Gaza comienza a asemejarse a la barbarie nazi por la crítica situación vivida por los gazatíes que sufren de la falta de suministros, los bloqueos para conseguir alimento, los asesinatos y el hambre.

En este marco, son numerosas las resoluciones emitidas por la ONU respecto al conflicto Israel-palestina. El 29 de noviembre de 1947 se aceptó la Resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que establecía la creación de dos estados en Palestina, uno judío y otro árabe, con Jerusalén bajo mandato internacional. Un año después fue adoptada la resolución 194, que decidió a consecuencia de la expulsión forzada de centenares de miles de árabes, establecer que los refugiados tuvieran derecho a regresar a sus casas, en territorio israelí, o recibir una compensación por los bienes de aquellos que decidieran no regresar. En 1949, Israel es admitido como miembro de la ONU por la resolución 273 de la Asamblea General y el mismo año se establece que Jerusalén será administrada por las Naciones Unidas bajo un régimen internacional.

Ya en 1967, la resolución 242 adoptada por unanimidad por el Consejo de Seguridad pide la retirada del ejército israelí de los territorios ocupados durante la Guerra de los Seis días y “el respeto y reconocimiento de la soberanía y la integridad territorial y la independencia política de cada Estado de la región, y su derecho a vivir en paz en el interior de fronteras reconocidas y seguras”. Un año después, la resolución 2443  exige que Israel desista de destruir casas de civiles en las zonas ocupadas y expresa su preocupación por la violación de los derechos humanos.

Un salto en el tiempo nos lleva a 1979 y a la resolución 446 del Consejo de Seguridad, la cual establece que la política israelí, de promover asentamientos en los territorios palestinos y árabes ocupados no tienen validez legal y constituye un serio obstáculo para la paz en Oriente Medio. Entre los años 92 y 94 se condenan, a través de varias resoluciones del Consejo de Seguridad, la deportación y matanza de palestinos por parte del ejército  israelí, exigiéndose además en 1994 la presencia internacional en Cisjordania y Gaza para proteger a la población palestina.

En 1997, con la resolución 51/223 de la Asamblea General se exhorta a Israel a no construir asentamientos en los territorios ocupados y condena al incumplimiento por parte de los israelíes de as resoluciones de las Naciones Unidas. Ya en 2002, se realizan varias resoluciones donde se exige el cese de la violencia, la retirada de las tropas israelíes de ciudades palestinas, y finalmente la Asamblea General aprueba seis resoluciones referentes a organismos creados por la ONU para aliviar la situación de los palestinos (Jerusalén y Altos del Golán) y otra sobre la solución pacífica del conflicto. Asimismo, un año más tarde, se exige el cese de la violencia y que Israel no deporte o amenace la integridad de Yasser Arafat y la eliminación del muro que construyen en territorio palestino.

En 2004 se condena a Israel, a través de la resolución 1544 del Consejo de Seguridad, por las matanzas en Gaza y se exige, con la resolución 10/15, el cumplimiento del dictamen que declara ilegal el muro. Llegados a 2009, la resolución 1860 del Consejo de Seguridad, llama a Israel y Hamas a un alto al fuego en Gaza, a la retirada israelí y a la entrada sin impedimentos de ayuda humanitaria a zona palestina.

La resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones unidas acordó la admisión de Palestina como Estado observador no miembro de la organización, que fue aprobada en 2012, coincidiendo con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En 2016 se adoptó la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, por la cual se reafirmó “el establecimiento de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino ocupado desde 1967, incluida Jerusalén Oriental, no tiene validez legal” y “expresando grave preocupación por el hecho de que la continuación de las actividades de asentamiento israelíes está poniendo en peligro la viabilidad de la solución biestatal basada en las fronteras de 1967”.

Finalmente, en 2017, la resolución de emergencia ES-10/L.22 de la Asamblea General de la ONU declaró el estatus de Jerusalén como capital de Israel “nulo y sin valor”. Sin embargo, la represión ejercida de Israel sobre Palestina no cesa y continúa con la vulneración de las resoluciones de las Naciones Unidas con total impunidad, mientras ciertos sectores intentan blanquear dicha situación con la vuelta de un aparente antisemitismo propugnado por los lobbies israelíes con apoyo estadounidense.

 

Fuente: Diario 16