Durante seis semanas, del 30 de marzo al 15 de mayo, el pueblo palestino participó en la Gran Marcha del Retorno. Esta acción pacífica, que forma parte de una movilización masiva de la sociedad palestina en su conjunto sin ningún liderazgo político concreto, culminó el 15 de mayo, fecha en la que el pueblo palestino conmemora la Nakba (en árabe ‘Catástrofe’), la expulsión masiva sufrida de su tierra originaria entre los años 1947-1949, de lo que posteriormente desde 1948 se ha denominado el Estado de Israel.

La Gran Marcha del Retorno ha tenido un apoyo masivo especialmente en la Franja de Gaza. En ella, dos de cada tres palestinos y palestinas son refugiados que fueron expulsados de su tierra y de su casa hace ahora 70 años. Israel, desde entonces, no les permite regresar, a pesar de que este derecho se encuentre contemplado por las leyes internacionales, concretamente por la Resolución 194 (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948, proclamada el 11 de diciembre, un día después de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

 

Para la Marcha se han levantado un gran número de tiendas de campaña en cinco localidades a lo largo del límite oriental de la Franja. Las protestas más multitudinarias se han producido los viernes. En el momento de cerrar este artículo se habían producido ya más de seis grandes manifestaciones. La conmemoración de la Nakba de 2018 quedará marcada como otro día más de luto para el pueblo palestino, que salió a protestar por sus derechos y libertades, con el terrible resultado de 60 personas palestinas asesinadas (cinco de ellas niños, una bebé y dos periodistas) por el ejército israelí, así como miles de personas heridas.

 

Han transcurrido 70 años, 25.550 días, desde su Catástrofe, cuando el ejército israelí disparaba a los refugiados y refugiadas que trataban de volver a sus hogares. Ahora, 70 años después, Israel está haciendo lo mismo contra sus descendientes. Sin embargo, en el momento de cerrar este texto, solo Sudáfrica, Turquía e Irlanda habían tomado medidas diplomáticas: los dos primeros países habían retirado a sus embajadores e Irlanda había llamado a consultas al embajador israelí.

 

Mientras tanto, la sociedad civil internacional tomaba la delantera a la clase política una vez más. Se convocaron cientos de manifestaciones y concentraciones en todo el mundo en repulsa a la impunidad con la que asesina Israel, algo que sin lugar a dudas fortalecerá la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel (BDS)[1].

 

Diversas organizaciones sanitarias, como Médicos sin Fronteras, afirmaron que el número de personas atendidas desde el 30 de marzo ha sido mayor que el número de pacientes atendidas a lo largo del año 2014, cuando Israel lanzó el brutal ataque que se saldó, según datos de la ONU, con la muerte de 2.251 palestinos y palestinas, de los cuales 551 eran niños y niñas. Según el Centro de Derechos Humanos Al-Mezan, además de las 60 personas asesinadas hay más de 2.200 heridos por balas durante las protestas. No hay ninguna persona israelí herida.

 

Todos los civiles son objetivos militares

 

El gobierno de Israel ha reiterado que todos los civiles de Gaza son objetivos, justificando así la aniquilación de la población. Esta postura ha desatado numerosas críticas. Como respuesta, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, declaró: “Estoy orgulloso de nuestros soldados y junto a todos los ministros del gabinete les damos todo el respaldo que necesitan para hacer su obra santa”.[2] De igual forma, en la misma línea, el ministro de Defensa, Avigdor Liberman, afirmó que ”No hay personas inocentes en la Franja de Gaza. Todos tienen una conexión con Hamás. Todos reciben un salario de Hamás”.[3]

 

Los equipos médicos de Gaza, que se encuentran en una situación dramática después de once años de bloqueo israelí por tierra, mar y aire, así como por Egipto en su frontera, han constatado que las heridas de bala son extremadamente graves y de consecuencias devastadoras.

 

En un 95 por ciento de los casos los disparos son en las piernas y dejarán a la mayoría de los pacientes con discapacidades físicas graves a largo plazo o incluso de por vida. La gran mayoría son hombres jóvenes en la veintena, pero también algunas mujeres y niños, que presentan lesiones que incluyen un nivel extremo de destrucción de huesos y tejidos blandos, así como grandes heridas de salida de los proyectiles del tamaño de un puño. Las balas también han causado desgarros múltiples en piel, tendones, músculos, nervios y arterias. Esto supone que el riego sanguíneo no llega a estos tejidos, lo que a su vez crea un alto riesgo de infecciones.

 

Ante tales hechos, el estado sionista ha optado por dar la enhorabuena a sus soldados por su sangrienta respuesta militar. El día después del inicio de la Gran Marcha, el ejército israelí, tras asesinar a 15 jóvenes, publicó en su cuenta de Twitter: “Llegamos preparados y con refuerzos. Nada se llevó a cabo sin control; todo era preciso y medido, y sabemos dónde cayó cada bala”.[4] Con este tuit, que fue borrado horas después, el ejército israelí estaba asumiendo la plena responsabilidad del asesinato de todos los manifestantes y del daño causado a cientos de personas con munición real. Estos hechos deberían ser considerados crímenes de guerra dado que eran civiles desarmados que no suponían ningún peligro.

 

A raíz de estos hechos se ha iniciado una investigación preliminar por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda. No obstante, dada la continuada impunidad de Israel y, específicamente, en masacres anteriores, como en los bombardeos de escuelas y hospitales en Gaza durante el verano de 2014, todo parece indicar que dicha investigación no tendrá ninguna consecuencia para Israel.

 

La vida cotidiana en Gaza la determina la política israelí, que ha convertido el enclave costero en una prisión de máxima seguridad, donde los reclusos son padres, madres y niños y niñas cuyo único “delito” es nacer en la Franja. Pero a pesar de ello, el pueblo palestino, especialmente en Gaza, ha decidido que tiene ya poco o nada que perder, vivir en tales circunstancias es peor que morir.

 

A pesar de todo lo descrito, la comunidad internacional sigue ignorando los actos de Israel, calificados por cada vez más juristas de genocidio. De igual forma, Estados Unidos le apoya con más determinación que nunca, si cabe, con el traslado de su Embajada a Jerusalén, legitimando sin ningún género de dudas sus políticas de ocupación y apartheid, y la Unión Europea continúa con su pasividad, sin exigir responsabilidades y llevando a cabo todo tipo de acuerdos económicos preferentes con Israel, al mismo tiempo que algunos gobiernos árabes se esfuerzan en forjar alianzas con el Estado sionista ignorando la situación que padece el pueblo palestino.

 

Marcha por la conmemoración del 70 aniversario de la Nakba (Catástrofe) en Ramallah el 14 de mayo de 2018. Fotografía: Elizabeth Masero Visiga.

 

El derecho al retorno

 

 

La situación socio económica en Gaza, motivada por el ilegal bloqueo y las continuas masacres, hizo que su población saliese de su casa cada viernes para participar en la Gran Marcha del Retorno, para luchar por sus derechos y exigir justicia. Pero no habrá una resolución justa hasta que el Estado de Israel no ponga fin al bloqueo y acabe con la ocupación. Debe reconocer su responsabilidad en el origen del problema, la expulsión de la población en 1948, y el derecho al retorno de la población refugiada palestina.

 

El derecho al retorno, Haq alawda en árabe, de la está reflejado en la Resolución 194 (III) de 1948 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 11, donde exhorta al derecho al retorno y a las compensaciones: […] Debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible, y que deberán pagarse indem- nizaciones a título de compensación por los bienes de los que decidan no regresar a sus hogares y por todo bien perdido o dañado cuando, en virtud de los principios del derecho internacional o por razones de equidad, esta pérdida o este daño deba ser reparado por los Gobiernos o autoridades responsables […].[5]

 

La Nakba supuso para el pueblo palestino tratar de borrar su memoria e identidad y, por tanto, es una obligación tanto jurídica como moral que Israel reconozca su responsabilidad directa como causante de este sufrimiento, de este desarraigo, y admita la gran injusticia que cometió en 1948. Israel, que jamás ha permitido que se discuta el derecho al retorno de la población refugiada palestina, promulgó en 1950 su propia Ley del retorno, que otorga a los judíos y judías de todo el mundo el derecho a emigrar a Israel, a “retornar” y adquirir la ciudadanía israelí. Estas personas que llegan reciben apoyo logístico y financiero por parte de Israel, siendo el único país del mundo que nacionaliza a alguien sin tener en cuenta donde viva, únicamente en virtud de una pertenencia religiosa.[6]

 

De las 114 palestinas y palestinos asesinados en la Gran Marcha del Retorno, más de dos tercios eran descendientes de personas expulsadas durante la Nakba de localidades que distan no más de 25 kilómetros de la Franja de Gaza. Para la gente que se manifiesta, saber que las aldeas y pueblos de donde sus abuelos y abuelas fueron expulsados están tan cerca hace todavía más sencillo, si cabe, comprender la terrible injusticia.

 

Después de más de 70 años sin ninguna medida de presión eficaz por parte de la denominada “comunidad internacional”, es tiempo de aislar a Israel, como ya ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, y apoyar la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS). Esta campaña, promovida por la sociedad civil palestina y que en tan solo doce años ha cosechado importantes éxitos7, demanda la finalización de la ocupación y colonización de todas las tierras árabes y el desmantelamiento del Muro; el reconocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía árabepalestina de Israel para una igualdad completa, así como respetar, proteger y promover los derechos de las y los refugiados palestinos a retornar a sus casas y propiedades.

 

 

 

Fernando Sancho Martínez es coordinador de la Asociación Palestina Biladi.

 

Artículo publicado en el nº77 de Pueblos – Revista de Información y Debate, segundo cuatrimestre de 2018.