El documento aprobado por el Consejo de Derechos Humanos señala que los manifestantes estaban desarmados, aunque reconoce que «no siempre se mostraban pacíficos

Una comisión creada por la ONU para investigar los ataques del Ejército israelí contra los palestinos que participan desde hace un año en protestas en Gaza pidió este viernes a Israel que detenga esas acciones y abra procesos judiciales por cada víctima para que se les haga justicia. El informe se aprobó con 23 votos a favor, ocho en contra y 15 abstenciones. España fue el único país de la Unión Europea que lo apoyó.

En vísperas de cumplirse el 30 de marzo un año del inicio de las movilizaciones de la Gran Marcha del Retorno en Gaza, en las que miles de palestinos se congregan ante la valla fronteriza para exigir el retorno de los refugiados y el fin del bloqueo israelí al enclave, el presidente de esa comisión de Naciones Unidas, el argentino Santiago Canton, pidió que la comunidad internacional se involucre en esta situación «para evitar más asesinatos y disparos en este aniversario».

La comisión, que completan las juristas keniana Betty Murungi y bangladesí Sara Hossain, presentó este viernes el resultado de sus investigaciones en torno a las manifestaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra.

«Las protestas delante de la barrera (alambrado instalado por Israel para cercar el territorio de Gaza) que ocurrieron en 2018 y que continúan no han sido operaciones militares, sino protestas civiles. Nuestras investigaciones indican que los manifestantes estaban mayoritariamente desarmados, aunque no siempre se mostraban pacíficos», dijo Canton.

España fue el único de los 23 países que votaron a favor del informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se unió así a Afganistán, Angola, Bahrein, Bangladés, Burkina Faso, Chile, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Filipinas, Irak, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Qatar, Arabia Saudí, Senegal, Somalia, Sudáfrica y Túnez.

Los ocho que votaron en contra fueron Brasil, Australia, República Checa, Austria, Bulgaria, Hungría, Ucrania y Fiji.

Otros quince países se abstuvieron. Se trata de Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Italia, India, Japón, Argentina, Bahamas, Croacia, Congo, Nepal, Ruanda, Togo, Eslovaquia y Uruguay.

La comisión ha analizado desde el punto de vista legal cada uno de los 189 asesinatos que ha documentado y numerosos casos de heridos graves que sufrieron amputaciones o padecen otro tipo de discapacidad permanente tras los disparos recibidos.

Cerca de 10.000 heridos de diferente tipo y distinta gravedad se han registrado durante las protestas, en las que reivindica el derecho de los palestinos a retornar a los territorios que les pertenecían antes de la creación del Estado de Israel en 1948.

«Hay una enorme cantidad de amputaciones que han dejado discapacitados a niños y esto merece ser investigado», resaltó Hossain.

De la exhaustiva investigación realizada por los comisionados, apoyados por un equipo técnico que ha incluido expertos en leyes y en armamento, la conclusión principal es que «existen razones fundadas para creer que las Fuerzas de Seguridad de Israel cometieron graves violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional».

De las víctimas mortales identificadas por la comisión, 35 son menores palestinos, de los que un 60% falleció por disparos en la cabeza en circunstancias en las que estaban desarmados y no hacían nada que pudiese amenazar la vida de los soldados israelíes.

La mayoría de esos menores se encontraba a una distancia considerable del alambrado, algunos ondeaban una bandera palestina y en ciertos casos se les disparó estando de espaldas.

Manifestación proisraelí

Mientras la comisión presentaba su informe, frente a la sede de la ONU en Ginebra tenía lugar una gran manifestación organizada por asociaciones y ONG proisraelíes, que contrataron autobuses para transportar desde distintas ciudades de Europa a los participantes.

Varios oradores se sucedieron en el estrado y acusaron al Consejo de Derechos Humanos de dar a Israel un trato peor que el que merecen los países donde la situación de las libertades fundamentales es más grave.

En referencia al informe de este viernes, la embajadora de Israel ante la ONU en Ginebra, Aviva Raz Shechter, dijo en ese evento que «la comisión acusa falsamente a los soldados israelíes de crímenes contra la humanidad en su esfuerzo de defender a los israelíes de Hamás», movimiento islamista que desde 2007 gobierna de facto Gaza.

Ante estas acusaciones, Cantón recalcó que los crímenes expuestos en el informe «son hechos, así que lo que se debe desacreditar son los hechos y las leyes, porque no se trata de puntos de vista ni de suposiciones».

Recordó que aquellos que acusan a los comisionados de sesgos son los mismos que se niegan a discutir abiertamente con ellos, al igual que el Gobierno de Israel, que les negó la autorización para visitar los territorios palestinos ocupados y poder recoger información de primera mano.

Israel mantiene una actitud similar en el Consejo de Derechos Humanos, del cual se retiró meses atrás siguiendo los pasos de Estados Unidos y donde este viernes respondió con su ausencia a la presentación del informe sobre las protestas.

El relator de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Michael Lynk, reclamó que se haga responsable a Israel por el «comportamiento ilegal» de su ejército y que, si se niega a investigar los asesinatos de manifestantes palestinos, lo haga la comunidad internacional.

«Si Israel no efectúa sus propias investigaciones sobre esos asesinatos masivos según las normas internacionales, entonces la comunidad internacional la que debe encargarse», dijo Lynk al presentar al Consejo de Derechos Humanos su último informe sobre la situación en Palestina.

Israel acusa de «cómplices del terror»

El portavoz de Exteriores, Emmanuel Nahshón, tachó a la Oficina para los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como «cómplices del terror al negar el derecho de Israel a la defensa propia», y aseguró, «dictaduras corruptas y gobiernos hipócritas trabajan duro para proteger a Hamás y sus acciones terroristas».

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó a finales de febrero la validez del informe de Naciones Unidas al considerar que marcaba «nuevos récords de hipocresía y mentiras por el odio obsesivo a Israel».

En este sentido, fuentes de la Embajada israelí en España critican el informe, al entender que considera erróneamente como protestas pacíficas lo que a su juicio fueron altercados controlados por Hamás en los que había explosivos, derribo de la valla fronteriza y quema de neumáticos. Además, entre otros argumentos, sostienen que para las conclusiones del documento no están basados en una investigación real de los hechos y que Israel empleó todas medidas no letales posibles para evitar que se produjeran víctimas mortales.

 

Fuente: ABC.es