El ministerio de Asuntos Estratégicos israelí ha autorizado 37 millones de dólares para colocar su publicidad como si fuera información periodística en medios de comunicación de todo el mundo. En el Estado español, existe también una red de apoyo al Estado de Israel en la que destacan políticos y periodistas

Recientemente, en este mes de octubre de 2020, el medio digital israelí 972 Magazine se ha hecho eco de una investigación abierta desde el año 2017 por el periodista Itamar Benzaquen. En ella, desvelaba que el Ministerio de Asuntos Estratégicos del Estado de Israel —creado en 2006 por el político de extrema derecha Avigdor Lieberman— había pagado cuantiosas sumas de dinero al diario israelí Jerusalem Post para que publicase contenido contra los movimientos en defensa de los Derechos Humanos. A lo largo de los últimos años, informaciones similares han visto la luz a través de periodistas y medios de todo el mundo. En junio de 2019, este último diario israelí publicó un documento titulado “Desenmascarando al BDS”. De hecho, en ese suplemento, periodistas entrevistaron a funcionarios del Ministerio, así como a senadores y políticos del partido Republicano de los Estados Unidos. En él se incluyen palabras elogiosas para Donald Trump, calificado por Israel como un “valiente guerrero”.

El prestigioso diario israelí Haaretz informó de que hace dos años y medio, el Gobierno israelí aprobó la asignación de 31,4 millones de euros para financiar propaganda política. Además, exigía una cantidad equivalente de financiación privada para alcanzar los 60 millones. La periodista Aiden Pink escribía en el medio judío norteamericano The Forward que al Ministerio se le encomendó la tarea de hacer la guerra sucia en la batalla de la opinión pública contra los críticos de Israel, especialmente en las redes sociales. “Ha luchado en los Tribunales para mantener en secreto algunas de sus actividades, pero también ha publicado expedientes sobre activistas pro-BDS”, afirmaba la periodista.

Desde 2017 la mayoría de las organizaciones judías estadounidenses ha rechazado el dinero israelí. Eso es debido a que, según la Ley estadounidense, recibir dinero de un país extranjero para hacer propaganda es ilegal

Es necesario destacar que desde 2017 la mayoría de las organizaciones judías estadounidenses ha rechazado el dinero israelí. Eso es debido a que, según la Ley de Estados Unidos, recibir dinero de un país extranjero para hacer propaganda es ilegal. En éste sentido, Pink recuerda que la Ley que rige esta actividad es la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (también llamada FARA), que “se aprobó en la década de 1930 para frustrar la propaganda pronazi realizada por estadounidenses que recibían el apoyo secreto del Tercer Reich”. Y añade que “ansiosos y frustrados”, agentes de Israel han tenido que crear organizaciones y empresas pantalla para ocultar su origen financiero”.

Pero no sólo tienen enfrente a la justicia estadounidense. El Movimiento de Libertad de Información de Israel y el sitio web israelí The Seventh Eye han conseguido que se desclasifiquen parte de los memorandos gubernamentales relativos a la financiación de la propaganda nacional e internacional. Asimismo, en 972 Magazine, el periodista de investigación Itamar Benzaquen constató que “el Ministerio se enorgullece de haber creado una red de organizaciones nacionales e internacionales para implementar sus políticas”. El periodista relata que “creyendo que la propaganda oficial del Gobierno es ineficaz, el Ministerio canaliza sus mensajes a través de individuos e instituciones que se perciben como desconectados del Estado”. El año 2018, el periodista Josh Nathan-Kazi informaba en The Forward que, debido al carácter ilegal y derechista de la campaña, organizaciones progresistas judías e israelíes no sólo se han negado a participar, sino que consideran que también están siendo atacadas por ella.

Además, Nathan-Kazi escribía que “uno de los donantes identificados por The Seventh Eye, el Central Fund, se encuentra entre las organizaciones proisraelíes más controvertidas de Estados Unidos”. Haaretz informó en 2015 que el Central Fund había transferido subvenciones a una organización benéfica israelí llamada Honenu, que hasta el 2016 “brindaba apoyo financiero a las familias de judíos israelíes acusados ​​de terrorismo”. El abogado israelí Schacher Ben Meir exigió en 2018 que el Tribunal Superior de Justicia de Israel ordenara el cese de las actividades realizadas por el Ministerio de Asuntos Estratégicos, al que denomina “Ministerio de Espionaje y Propaganda”. En su argumentación detalla: “En este caso, el ministerio no solo es ayudado por organizaciones privadas para llevar a cabo sus actividades, sino que también transfiere gran parte de su poder —poderes draconianos para vigilar, espiar y difundir propaganda— a organizaciones privadas que no son directamente responsables ante el gobierno”. Igualmente, considera que “el propio Ministerio lleva a cabo actividades radicales”. Ya en 2017, The Seventh Eye denunciaba la coordinación entre el Gobierno y el diario israelí Yedioth Ahronoth. Y cómo, sólo en junio y julio de ese año, el ministerio gastó 1,7 millones de euros para colocar propaganda en medios de Israel y del extranjero.

Netanyahu y Trump contra el BDS

Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Asuntos Estratégicos israelí ha encabezado múltiples esfuerzos para criminalizar al BDS, un movimiento noviolento que incluye a numerosos grupos antirracistas y judíos. BDS son las siglas de Boicot, Desinversiones y Sanciones, y pretende que se acaben las complicidades con Israel con el objetivo de que se cumplan tres puntos básicos del derecho internacional y de los Derechos Humanos en Palestina: fin de la ocupación, fin del apartheid y derecho al retorno de las personas refugiadas palestinas. El BDS, por su parte, ha conseguido el apoyo de importantes figuras como el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, la periodista Naomi Klein o el científico Stephen Hawking.

En 2017, un informe de un organismo de la ONU, el CESPAO, declaró que Israel es un Estado de apartheid, que el BDS es una herra​mienta legítima para finalizar con este apartheid y que los gobiernos deberían adoptarlo.

En agosto de 2014, 327 personas judías supervivientes del genocidio nazi y sus descendientes condenaron la “masacre” israelí en Gaza y reclamaron el boicot a Israel, como se pudo leer en periódicos como el israelí Haaretz. El BDS también ha conseguido que grandes transnacionales como Orange o Veolia se desvinculen de contratos multimillonarios en Israel; que numerosas universidades e iglesias estadounidenses se adhieran a esta campaña; o que cientos de ayuntamientos y espacios europeos se declaren “Espacios Libres de Apartheid Israelí”. En 2017, un informe de un organismo de la ONU, el CESPAO, declaró que Israel es un Estado de apartheid (un crimen contra la humanidad que podría ser juzgado en los tribunales de cualquier Estado con jurisdicción universal), que el BDS es una herramienta legítima para finalizar con este apartheid y que los gobiernos deberían adoptarlo.

Liliana Córdova, activista judía en favor de los derechos palestinos, explica que “los activistas del BDS y sus numerosas asambleas territoriales presentes en todo el mundo son definidas por autoridades israelíes como su ‘mayor amenaza estratégica’”. Esto se ha traducido en espionaje, guerra legal y propaganda muy intensa.

Por su parte, la periodista israelí-estadounidense Mairav ​​Zonszein ha señalado el uso por parte de la derecha de las acusaciones falsas de antisemitismo contra personas y grupos críticos con el Estado de Israel, antisionistas y favorables al BDS. “La acusación de antisemitismo permite que el acusador evite involucrarse en el contenido real del debate mientras parece tener la autoridad moral”, argumenta en 972 Magazine. Y continúa: “Es precisamente la táctica que los republicanos, envalentonados por el presidente Trump, han estado utilizando contra los demócratas durante los últimos años”. Zonszein relata que la Casa Blanca ha utilizado repetidamente el apoyo político de Trump a Israel para acusar a la oposición y a los movimientos sociales de antisemitismo, una estrategia también empleada contra el excandidato laborista británico Jeremy Corbyn. De hecho, en los últimos años el gobierno de Trump ha impulsado normas y leyes anti-BDS en varios estados federales, con el doble objetivo de acallar las críticas a Israel y debilitar a la izquierda.

En este sentido, en julio de 2018, más de 40 organizaciones judías de diferentes lugares del mundo —incluyendo algunas israelíes—, defendieron que el Estado de Israel no los representaba y rechazaron que el BDS y la crítica “a las políticas y el sistema de apartheid de Israel” fueran antisemitas. Igualmente, criticaron la definición de trabajo de IHRA (siglas en inglés de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto) que están adoptando instituciones públicas presionadas por Israel y por sus lobbies. Entre otros elementos, el mismo autor de esta definición de trabajo, Kenneth Stern, denunció que esta estaba siendo manipulada respecto a su propósito original para favorecer al sionismo y a los aliados de Trump. Además, las más de 40 organizaciones judías declararon: “El movimiento BDS liderado por la sociedad civil palestina, que defiende los derechos de los palestinos, y ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, ha demostrado un compromiso congruente para combatir el antisemitismo y todas las formas de racismo e intolerancia, en consonancia con su dedicación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Políticos españoles contra Palestina

En el Estado español, diferentes políticos y periodistas han destacado recientemente por sus actividades, afirmaciones y publicaciones antipalestinas y contra el BDS. De manera similar a las principales amistades políticas y alianzas internacionales de Benjamin Netanyahu —Jair Bolsonaro, Narendra Modi, Donald Trump o Viktor Orban, junto a organizaciones y partidos de extrema derecha/neofascistas, que pueden ser a la vez judeófobas y prosionistas—, en el contexto español hay que situar en esta línea a José María Aznar, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. El expresidente del gobierno del PP es el presidente honorario de la fundación Friends of Israel Initiative, mientras que Pablo Casado fue uno de los cuatro hombres que registró oficialmente este organismo. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso periódicamente publica tuits a favor de Israel y durante un tiempo tuvo escrito “amiga de Israel” en su cabecera de perfil de Twitter.

En esta línea también hay que mencionar a Rafael Bardají, uno de los principales “halcones” que conecta la extrema derecha y la derecha neocon española. Bardají, politólogo y sociólogo, creó en 1987 la fundación Grupo de Estudios Estratégicos (GEES). Posteriormente, fue asesor de ministros de Defensa del PP, director de política internacional de la Fundación FAES, uno de los ideólogos de la invasión de Irak y otro de los impulsores y presidente ejecutivo de la Friends of Israel Initiative. Bardají, vinculado a Steve Bannon, fue el primer español que visitó la Casa Blanca de Trump en 2017. El año siguiente dejó de ser militante del PP para pasarse a Vox, partido del que fue miembro de su Comité Ejecutivo Nacional y del que ha sido considerado como su “cabeza pensante”. Junto al exportavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, Hermann Tertsch, actual eurodiputado de Vox, es otro de los mayores defensores del gobierno de Benjamin Netanyahu y del Estado de Israel.

En el Estado español, diferentes políticos y periodistas han destacado recientemente por sus actividades, afirmaciones y publicaciones antipalestinas y contra el BDS. Ejemplos de ello son Aznar, Casado o Diaz Ayuso.

Asimismo, Toni Cantó, diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, ha destacado por sus iniciativas parlamentarias para —en sus palabras— “perseguir y atacar” cualquier iniciativa favorable a los derechos palestinos. La última de sus acciones este mismo año ha sido intentar impulsar la censura de una actividad de formación del profesorado valenciano “contra el odio y el racismo” (incluyendo la judeofobia y la islamofobia) en la que participaba la misma Liliana Córdova, conocida activista propalestina e hija de supervivientes judíos del genocidio nazi. Por otra parte, cabe mencionar que en 2018, una delegación de las juventudes del PP y de Ciudadanos realizaron un viaje organizado por la embajada de Israel. Tras volver de este país, el joven diputado valenciano del PP Juan Carlos Caballero declaró a eldiario.es: “He copiado ideas [de Israel] para aplicarlas en la Comunidad Valenciana”.

Abogados y periodistas proisraelíes contra la izquierda

Según una noticia de 2005 en Sexual Policy Watch con título “Pinkwashing: The promised land beyond the rainbow”, tras la violenta represión contra la segunda intifada (la insurrección masiva de resistencia palestina entre el 2000 y el 2005), y las críticas a Israel, comenzó la campaña “Marca Israel”. Tzipi Livni, antigua miembro del Mossad y ministra en ese momento, fue una de las principales protagonistas en el diseño de una “ciudad LGTBI”, Tel Aviv, para venderla internacionalmente. Para la activista Liliana Córdova “esta estrategia funciona dentro de la óptica de la extrema derecha, basándose en la supremacía blanca, que de manera manipuladora o por convicción alerta de que puede haber una invasión a nivel global desde el gran sur y de querer destruir la cultura occidental y blanca”, y —continúa— “desde entonces, los periodistas occidentales comenzaron a recibir invitaciones oficiales del Estado para visitar la ciudad”. De hecho, el número de turistas en el Orgullo de Tel Aviv aumentó de 7.000 en 2006 a 35.000 en 2017. En el año 2018, esta cifra llegó a 250.000 personas.

Muchos de los políticos y periodistas proisraelíes están relacionados con ACOM, el grupo antipalestino más activo en el Estado español hoy en día. Una organización radical que a menudo publica tuits contra Podemos, contra el gobierno de coalición español actual y contra el soberanismo catalán. Sin rodeos, ACOM ha alabado públicamente a Vox y a Hermann Tertsch. El 4 de marzo de 2020, el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros declaró en Twitter que había sido un placer reunirse en Washington con “nuestros amigos” de ACOM, y adjuntaba una fotografía en la que podían verse sonrientes y juntos a Santiago Abascal, a Ángel Mas —presidente de ACOM— y al mismo Espinosa de los Monteros.

ACOM dedica una parte relevante de su actividad a denunciar a instituciones públicas adheridas al BDS, la mayoría de las cuales han aprobado mociones de apoyo al cumplimiento del derecho internacional y los Derechos Humanos en Palestina con los votos favorables del PSOE y Unidas Podemos —y los de sus diferentes coaliciones territoriales—, así como de la CUP y ERC en Cataluña y Compromís en el País Valenciano. Por otra parte, el 22 de septiembre de 2018, ACOM llegó a comparar a “podemitas, independentistas y neo-nazis”.

El 23 de febrero de 2019, Espinosa de los Monteros se reunió con el director general del Likud, Le llamó “amigo” y le deseó “suerte”. Die​z meses más tarde,  recibió a una delegación israelí y declaró que estaban trabajando conjunta y activamente contra el BDS.

Además de periodistas de medios de derecha como ABC, La Razón u Okdiario, y casos particulares como el de Pilar Rahola —que incluso fue homenajeada en Israel con la plantación de 5.000 árboles, como publicaba La Vanguardia el 4 de julio de 2010—, en este contexto también destaca el periodista valenciano Víctor Maceda. El 6 de mayo de 2020 publicó un artículo en La Vanguardia titulado “La izquierda que boicotea” intentar censurar el curso de formación del profesorado valenciano anteriormente citado, en el que participaba Liliana Córdova, y en el que utilizaba argumentos similares a los de ACOM. De hecho, este artículo fue compartido por Toni Cantó —quien a su vez grabó un video para oponerse al curso—, que al mismo tiempo fue retuiteado por ACOM.

No hay que olvidar que la estrategia de coordinación entre políticos y periodistas con fines estratégicos ya tuvo un grave precedente en el País Valenciano. El periodista Francesc Viadel ha escrito sobre cómo en los años posteriores a la Transición, Emilio Attard, Fernando Abril Martorell y la directora de Las Provincias, María Consuelo Reyna, se coaligaron para crear un clima de persecución contra la izquierda y el valencianismo. Explicaba Viadel: “No sólo hizo del anticatalanismo una implacable cruzada en la que se olvidaba deliberadamente de las mínimas reglas de la ética periodística o la moral política, sino que la amplió a la persecución de personajes públicos”. La campaña de propaganda generó un clima de odio y persecución política que se tradujo en atentados con bomba contra intelectuales como Joan Fuster o Manuel Sanchis Guarner e incluso asesinatos como el de Guillem Agulló. Hoy, ciertos políticos y periodistas españoles, en el marco de la campaña de propaganda global del ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, están tratando de generar un clima de criminalización contra los defensores de Derechos Humanos del pueblo palestino.

Para Liliana Córdova, esta instrumentalización interesada por parte de periodistas y políticos en todo el Estado responde a los beneficios y a la propaganda de Israel: “Como judía y como descendiente de una familia judía que, excepto mis padres, todos sus miembros fueron aniquilados en el genocidio nazi, deben entender que el que nos comparen con el Ku Klux Klan [como alguna vez ha hecho ACOM, políticos y periodistas de su entorno] no sólo ofende, sino que es inconcebible”, recalca con rotundidad. Y remata: “Porque estamos los judíos y las judías que luchamos por la igualdad y contra el racismo y por eso estamos también luchando por los derechos legítimos del pueblo palestino, esta es nuestra causa, una reivindicación contra la persecución, la xenofobia y el racismo que muchas personas palestinas han sufrido en la historia. Tenemos algunos parámetros históricos que nos enseñan dónde está la ética: todas y todos merecemos vivir con dignidad”.

Autor y fuente: Jorge Mancebo en elsaltodiario.com

Foto principal: CNS photo/courtesy Sean Hawkey, World Council of Churches en americamagazine.org

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