Israel demolió o confiscó en noviembre de este año 178 estructuras palestinas en Cisjordania, un máximo en más de una década, según cifras de la ONU divulgadas hoy, que detallan también que el número de edificaciones derribadas construidas con dinero de la UE fue el más alto en casi cuatro años. Estas demoliciones, que dejaron a 158 personas sin hogar e impactaron a más de 1.000, representan un máximo mensual desde que se empezaron a contabilizar en 2009.

Israel demolió o confiscó en noviembre de este año 178 estructuras palestinas en Cisjordania, un máximo en más de una década, según cifras de la ONU divulgadas hoy, que detallan también que el número de edificaciones derribadas construidas con dinero de la UE fue el más alto en casi cuatro años.

Estas demoliciones, que dejaron a 158 personas sin hogar e impactaron a más de 1.000, representan un máximo mensual desde que se empezaron a contabilizar en 2009, informó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en territorio ocupado (OCHA).

En cuanto al derribo y confiscación de infraestructuras provista por la UE, el número fue de 43 edificaciones (valoradas en un total de 82.000 euros) tan solo en noviembre, la cifra más alta desde enero de 2017, elevando a 114 el número en lo que va del año.

Uno de los motivos por los cuales este mes registró una cifra tan alta de derribos fue la demolición, el pasado 3 de noviembre, de casi tres cuartas partes de un pueblo beduino en el norte del Valle del Jordán, en Cisjordania ocupada.

En este pueblo, llamado Humsa Al Bqaia, fueron derribadas 83 estructuras en un solo día (cifra máxima en más de una década), incluyendo 29 provistas como ayuda humanitaria y dejando a 73 personas, entre ellas 41 niños, sin hogar.

La mayoría de las estructuras derribadas (88%) se encontraba en el Área C de Cisjordania, que, según los Acuerdos de Oslo de 1993, está bajo control administrativo y de seguridad israelí.

Israel derriba estas estructuras por carecer de permisos, que debe expedir el COGAT, órgano militar israelí que gestiona la ocupación, mientras que OCHA y otras organizaciones internacionales y humanitarias denuncian la práctica imposibilidad de obtenerlos para los palestinos que los solicitan.

 

Fuentes: EFE y La Vanguardia