Amnistía Internacional: Al oponerse a una investigación en los Territorios Ocupados, las potencias contradicen sus posiciones anteriores sobre la Corte Penal Internacional (CPI) simplemente para proteger a un aliado político.

Por Matt Cannock (@cannock_matt), director del Centro de Justicia Internacional de Amnistía Internacional y Solomon Sacco (@SolomonSacco), director adjunto del Programa de Derecho y Política de Amnistía Internacional , 20 de abril de 2021

La decisión adoptada el mes pasado por la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, de abrir una investigación completa sobre presuntos crímenes cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados es una buena noticia para quienes promueven los derechos humanos y la justicia. Por desgracia, parece que no todos los países están de acuerdo.

En una carta dirigida al grupo parlamentario Conservative Friends of Israel (Amigos Conservadores de Israel) el 9 de abril, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirma que Reino Unido “se opone a la investigación de la CPI sobre crímenes de guerra en Palestina” y añade que “da la impresión de ser un ataque parcial y prejuicioso contra un amigo y aliado del Reino Unido”.

Al adoptar esta postura, Reino Unido se suma a otros Estados que parecen dispuestos y hasta impacientes por consolidar un sistema de justicia internacional selectivo que anteponga los intereses de grandes potencias a los de víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

A pesar de la sentencia de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, que confirmó la competencia de la Corte en Palestina, muchos Estados Partes que habían presentado ante la Corte argumentos en contra de que ejerciera esa jurisdicción han hecho después preocupantes declaraciones en público condenando la decisión de la fiscal. Con su oposición, estos Estados se arriesgan a hacer un daño irreparable a la Corte y a socavar el orden jurídico internacional sólo por proteger a un aliado político.

Unas semanas antes de que Boris Johnson enviara su carta, Australia emitió una declaración parecida en la que afirmaba que la CPI “no debería ejercer su jurisdicción” respecto a la situación en el Estado de Palestina. Heiko Maas, ministro de Asuntos Exteriores alemán, se hizo eco de esta posición, declarando que la “opinión jurídica” de Alemania al respecto “sigue siendo la misma: la Corte no tiene jurisdicción debido a que Palestina carece de la necesaria condición de Estado con arreglo al derecho internacional”.

Canadá emitió igualmente una declaración en la que “no reconoce un Estado palestino y, por consiguiente, tampoco reconoce su adhesión a tratados internacionales como el Estatuto de Roma”. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, según informes, también expresó públicamente “su desacuerdo” con la decisión de la CPI.

^{La fiscal Fatou Bensouda. © REUTERS/Peter Dejong/Pool}

Doble moral

Con independencia de si están de acuerdo con la decisión de la CPI acerca de su jurisdicción, estos Estados, que son todos Partes en el Estatuto de Roma, tienen el deber de cumplir sus obligaciones en virtud del tratado, que bien pueden incluir futuras peticiones de cooperación con la investigación de la Corte, o ejecutar órdenes de detención contra personas formalmente procesadas por crímenes cometidos en los Territorios Ocupados.

Resulta irónico que esos mismos Estados mostraran su apoyo firme a la Corte cuando otros Estados cuestionaron sus decisiones judiciales. Por ejemplo, cuando varios Estados Partes argumentaron que Omar al Bashir, expresidente de Sudán (que no es Estado Parte en el Estatuto de Roma), tenía inmunidad, evitando su detención en sus respectivos territorios por cargos relacionados con presuntos crímenes cometidos en Darfur. Como consecuencia de ello, Al Bashir eludió su detención durante años a pesar de que la CPI había dictado dos órdenes contra él.

En 2013, en vista de que varios Estados Partes en el Estatuto de Roma no habían detenido al presidente Al Bashir cuando éste visitaba sus países, Alemania declaró que “nuestra Corte sólo puede cumplir su mandato de reconciliación y consolidación de la paz en comunidades afectadas por conflictos si todos los Estados Partes acatan sus obligaciones jurídicas”. Canadá hizo un alegato parecido, “animando a todos los Estados a respetar sus compromisos internacionales”. Australia también instó a los Estados Partes a “cooperar con la Corte en consonancia con el espíritu y la letra del Estatuto de Roma”.

Las propias palabras del gobierno británico en 2014 son un claro ejemplo de este apoyo: “Para tener éxito en la lucha contra la impunidad es absolutamente imprescindible que todos cooperemos con la Corte Penal Internacional, de acuerdo con los principios del Estatuto de Roma, que se aplican por igual a todas las personas sin distinción alguna [...], y asimismo cuando nuestro propio Estado se vea afectado”.

Sólo cabe esperar que esos mismos Estados Partes que, con tanta razón y vehemencia, instaban a los miembros a cooperar con la Corte en el pasado, apliquen los mismos criterios a la causa de la CPI en Palestina. Los Estados Partes deben defender la capacidad de la CPI para ejercer su mandato independiente, no presionar más por su cuenta para interferir en su toma de decisiones judiciales.

A este respecto, deberíamos mirar a Alemania, que en la Asamblea de los Estados Partes celebrada en diciembre de 2020 declaró que “se opone a toda medida que interfiera injustamente en el ejercicio de las funciones judiciales de la Corte [...] y protegeremos a ultranza a la Corte y su personal frente a toda presión o amenaza exterior”. Pues bien, la propia declaración de Alemania sobre Palestina sólo unos meses más tarde —especialmente, después de que la Corte dictara su sentencia— podría considerarse que “interfirió injustamente” en las funciones de ésta, aunque tal vez no se hiciera con esa intención.

Por tanto, es preocupante ver a pretendidos simpatizantes de la Corte Penal Internacional y la justicia internacional eclipsando el proceso judicial y abandonando a las víctimas con displicente desprecio. Causa especial indignación que se argumente, como han hecho muchos de estos Estados, que las negociaciones políticas entre Palestina e Israel deberían primar sobre un proceso penal internacional, dando a entender que dicho proceso sería un obstáculo para una “paz integral, justa y duradera en Oriente Medio”.

Tales argumentos se han esgrimido en todos los conflictos donde se han cometido crímenes con arreglo al Estatuto de Roma, y no son válidos en ninguna circunstancia. Al contrario, la Corte Penal Internacional, al procurar rendición de cuentas, puede desempeñar un papel imprescindible para romper el “círculo de impunidad” que tantas veces malogra la perspectiva de una paz justa y duradera.

^{Soldados israelíes disparan gas lacrimógeno desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, mientras los palestinos protestan desde la frontera de Gaza, el 30 de marzo de 2018. © REUTERS/Amir Cohen}

Ataques a la Corte

La Corte Penal Internacional lleva tiempo enfrentándose a otros muchos ataques. Por ejemplo, algunos Estados Partes han intentado limitar la eficacia de la Fiscalía de la CPI poniendo límites impracticables al presupuesto de la Corte. Mucho más preocupantes han sido los ataques de Estados Unidos, especialmente durante la presidencia de Donald Trump; aunque el presidente Joe Biden finalmente levantó hace dos semanas las vergonzosas sanciones impuestas por su predecesor a la fiscal de la CPI y su personal, persiste la incertidumbre sobre la futura posición de Washington en su trato con la CPI.

Sin embargo, para que la CPI continúe siendo un mecanismo efectivo y basado en normas para poner fin a la impunidad por los crímenes de derecho internacional, los Estados Partes deben respetar sus decisiones judiciales y la autoridad de la fiscal para ejercer su discreción. Cuando los Estados cuestionaron las decisiones de la Corte después de no haber llevado a cabo la detención del presidente Al Bashir en sus territorios, las dudas jurídicas relativas a su inmunidad fueron finalmente resueltas por la Sala de Apelaciones de la CPI.

Los Estados Partes que están cuestionando la jurisdicción de la Corte sobre la situación en Palestina también deben respetar las decisiones de la Corte en esta ocasión; pueden exponer argumentos jurídicos en contra si están legitimados para ello, pero deben abstenerse de dirigir ataques políticos contra la Corte cuando sus decisiones no les sean favorables.

Es hora de que todos los Estados defiendan los derechos de todas las víctimas de crímenes con arreglo al Estatuto de Roma, incluidas las que viven en los Territorios Palestinos Ocupados. Como muchas de estas últimas dijeron a Amnistía Internacional, “la CPI representa nuestra única esperanza de conseguir la justicia y la rendición de cuentas que se nos han negado durante mucho tiempo”. Y, como ya ha recalcado antes la organización, “todos los Estados que dicen apoyar una justicia internacional no selectiva y universal tienen un interés común en apoyar a la CPI para que ejerza su jurisdicción sobre la situación en Palestina”.

Desde hace algún tiempo es evidente que, cada vez que la fiscal dé un paso para abrir investigaciones sobre situaciones que afectan a grandes potencias, la CPI y su personal sufrirán cada vez más amenazas y ataques. De hecho, en los días siguientes a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, adoptada en febrero, se conoció la noticia de que Israel iba a “pedir a sus aliados que presionaran a la fiscal de la CPI” en contra de abrir una investigación. Karim Khan, nuevo fiscal de la Corte, tomará posesión del cargo el 16 de junio, y no nos cabe ninguna duda de que opondrá una firme resistencia a estas presiones y hará valer la independencia, —real y percibida— de su cargo.

Aun así, teniendo en cuenta las declaraciones políticas de poderosos Estados miembros, Khan será sometido a un escrutinio aún mayor y deberá probar su capacidad para ejercer su mandato sin miedo ni trato de favor. Los Estados Partes en el Estatuto de Roma deben mantenerse firmes en su apoyo a la CPI, a la independencia de su fiscal y, sobre todo, a las víctimas que reclaman justicia.

 

Fuente: Amnistìa Internacional