Claramente, la 'Justicia' israelí es un instrumento al servicio de la ocupación militar, donde los criminales israelíes, colonos y militares, son habitualmente absueltos o condenados a penas mínimas, tal como ha sucedido con los asesinos de la familia Dawabshe y miles de casos similares, en contraste cuando se trata de un palestino, donde por la simple sospecha infundada, es asesinado con 50 balazos, su vivienda es demolida y su familia encarcelada

Uno de los principales temas que destacan en las recientes elecciones israelíes fue el creciente intento de restringir los poderes ostensiblemente extensos del poder judicial israelí y su supuesta interferencia, en particular del Tribunal Superior, en las acciones del Gobierno. Mientras que los israelíes pueden ser engañados fácil y voluntariamente por la idea de una corte de superpotencia liberal que amenaza con anular cualquier iniciativa de la Administración de la derecha, los palestinos que residen en los territorios ocupados lo saben bien. Impedidos de participar en las elecciones que determinan su propio destino, los 52 años de ocupación israelí han hecho que los palestinos desconfíen cada vez más del poder judicial israelí.

A fines de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Israel desestimó una petición presentada por varios consejos de aldeas palestinas de diferentes zonas de Cisjordania junto con organizaciones de derechos humanos, que exigía revocar una nueva orden militar israelí que otorga poderes excesivos a la Administración Civil israelí para demoler dentro de 96 horas cualquier tipo de edificio nuevo (casas, escuelas, estructuras ganaderas, etc.) erigido “ilegalmente” en el Área C de Cisjordania.

Los demandantes argumentaron que la nueva orden cambia los acuerdos legales existentes, según lo establecido en la Ley de Planificación de Jordania aplicada al territorio palestino ocupado, y por lo tanto viola el derecho internacional humanitario que exige que la potencia ocupante respete las leyes vigentes en el territorio ocupado. Mientras que la ley jordana existente establece procedimientos de apelación regulados, que incluyen una audiencia y la oportunidad de solicitar un permiso de construcción, la orden recién introducida habilita a la Administración Civil Israelí para llevar a cabo una demolición rápida y al mismo tiempo viola el derecho del debido proceso.

Al desestimar la petición, el Tribunal Superior confirmó el argumento del Estado de que el propósito de esta nueva orden era abordar de manera más eficiente el problema de la construcción sin autorización previa. Además el tribunal claramente ignoró la planificación y la construcción de la realidad en el Área C de la ocupada Cisjordania, un área que representa más del 60 por ciento de la Cisjordania, y se encuentra bajo el control casi completo de Israel. Después de la guerra de 1967, Israel enmendó la Ley de Planificación de Jordania e introdujo un régimen de planificación que restringía intencionalmente cualquier desarrollo palestino, canceló la participación de los palestinos en los procedimientos de planificación y, al mismo tiempo, creó comités de planificación especiales designados para aprobar planes de construcción solamente para las colonias.

Este régimen de planificación discriminatorio se cristaliza, en primer lugar, en el hecho de que Israel prohíbe cualquier construcción palestina en un 70 por ciento del Área C. Como resultado, es casi imposible para los palestinos que residen en el Área C recibir permisos de construcción. Por lo tanto, y al contrario de los colonos que residen en Cisjordania en clara contradicción con el derecho internacional humanitario y se les conceden beneficios de la ocupación israelí de gran alcance, incluidas amplias oportunidades de desarrollo, los palestinos se ven obligados a construir sin autorización previa. Por lo tanto, no hay duda de que ellos son el blanco de esta nueva "legislación" militar.

Es interesante observar que la orden impugnada en esta petición es en realidad una réplica de una disposición aparecida en la ley israelí sobre planificación y construcción. Al emitir esta orden, el ejército israelí, en efecto, ha aplicado elementos de la propia legislación de Israel con respecto a la construcción dentro de Israel. La corte no fue molestada por este acto virtual de anexión. Al contrario, cínicamente, el tribunal citó un fallo anterior del Tribunal Superior que afirma que el hecho de que se use una legislación similar tanto en el propio Estado como en los territorios ocupados demuestra que el Estado se preocupa tanto por los pueblos que ocupa como por los propios.

No es sorprendente que los argumentos de demandantes en relación con el derecho internacional y el régimen de planificación discriminatorio fueran tratados por el tribunal de manera breve y evasiva. El tribunal afirmó que no hay espacio, en el marco de dicha petición, para discutir los argumentos relacionados con la discriminación. Al hacerlo, el tribunal ignoró completamente el hecho de que los intentos anteriores para desafiar de frente al régimen discriminatorio de planificación de Cisjordania fueron rechazados por el Tribunal Superior, basándose, entre otras cosas, en la idea de que el tema es "político", un término que básicamente se refiere al deseo israelí de continuar controlando la vida de los palestinospor medio del régimen de planificación.

Podría decirse que, al ignorar los problemas reales en cuestión, el tribunal hizo todo lo posible por mantener una postura superficial de neutralidad, como para demostrar que la orden se puede aplicar por igual a los palestinos y colonos que construyen sin un permiso. Pero como las diferencias en el terreno son tan evidentes, y donde está claro que la orden fue emitida inicialmente a propósito para demoler casas y otros edificios palestinos, hacer la vista gorda no era nada neutral. Era un claro sello de autorización para un régimen racista que facilita la desaparición gradual de los palestinos del área C.

El mismo día en que el Tribunal Superior dictó su fallo, las fuerzas israelíes demolieron cuatro estructuras en el área de Wadi Yasul en Silwan, un barrio de Jerusalén Oriental ocupado. La demolición provocó el desalojo de once refugiados palestinos, incluidos siete niños, con una familia de refugiados adicional que perdió bienes personales. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, durante las demoliciones “cinco personas resultaron heridas por las fuerzas israelíes, que repartieron palizas, aturdieron con granadas y dispararon balas cubiertas de esponja mientras los residentes intentaban recuperar sus pertenencias antes de las demoliciones. Un hombre cuya casa fue destruida resultó herido en la espalda con una bala cubierta de esponja y posteriormente fue arrestado. Fue fuertemente golpeado por las fuerzas de seguridad israelíes durante el arresto y el traslado al centro de detención israelí".

Estas demoliciones no ocurrieron de la nada. Más bien son el resultado de una larga batalla legal que comenzó después de que las autoridades israelíes emitieran órdenes de demolición contra 60 casas en Wadi Yasul, donde viven hasta 500 palestinos.

Después de la guerra de 1967, en contra del derecho internacional, Israel se anexionó Jerusalén Oriental y aplicó la ley israelí a este territorio. A pesar de la cuña que Israel ha logrado crear entre el territorio anexado y esas tierras al otro lado del muro de separación, las aspiraciones israelíes con respecto a Jerusalén Oriental, así como las tácticas utilizadas para lograrlas, son muy similares a las que se aplican al resto de la Cisjordania.

Durante los años posteriores a 1967, Israel ha establecido gradualmente su propia población judía en el territorio anexo. Además, la planificación y el desarrollo en Jerusalén Oriental han trabajado para asegurar una ventaja demográfica judía en la ciudad al designar la gran mayoría de las áreas disponibles en Jerusalén Oriental para la población judía, al tiempo que limita la continuidad y el desarrollo territorial de los vecindarios palestinos.

Un ejemplo es jugar la carta de "área de escenario abierto". Debido a la política israelí de zonificación, los vecindarios palestinos de Jerusalén Orienal ocupan una franja de tierra desproporcionadamente grande designada como "área escénica abierta" (o "área verde"), que no se puede utilizar para uso público. Este fue también el caso en Wadi Yasul, que fue clasificado por las autoridades israelíes como "área de escenario abierto", lo que hace que sea prácticamente imposible para los propietarios de construcciones palestinos en esa área acrecentar los permisos de construcción.

De manera que, similar a la situación en el Área C de Cisjordania, los residentes palestinos de Wadi Yasul se vieron obligados a construir sus casas sin permisos, seguidos por el inevitable resultado de las órdenes de demolición emitidas por la Municipalidad de Jerusalén contra prácticamente todas las casas del vecindario.

¿Y qué dijeron los tribunales sobre eso? No retengas la respiración. No solo que los tribunales del Distrito y del Tribunal Supremo no estaban dispuestos a considerar las desesperantes circunstancias para todos los efectos y alentaban a los palestinos a violar la ley, sino que ni siquiera estaban dispuestos a suspender las demoliciones hasta que se revisara un plan maestro presentadoa las autoridades israelíes por los residentes palestinos.

Es interesante notar que como Elad, una organización de colonos que opera en Jerusalén Oriental, ha estado construyendo virtualmente sin autorización previa en las mismas áreas construcciones que sirven a sus propias actividades, el municipio de Jerusalén ha estado trabajando incansablemente para cancelar la clasificación de la tierra como "área verde ”, prácticamente ayudando a Elad a “legalizar” las construcciones. No hace falta decir que no hay riesgo de demolición en este caso.

Ya sea en la Zona C de Cisjordania o en la Jerusalén Oriental anexionada ilegalmente, el mensaje proveniente del llamado sistema judicial liberal israelí es el mismo: no esperen que pongamos dificultades a los objetivos de la expansión israelí.

 

Yotam Ben-Hillel

Yotam Ben-Hillel es un abogado que practica los derechos humanos en Israel y Palestina.

 

Fuente: Rebelion.org