La OCDE examina si el proyecto de la compañía vasca CAF para Israel respeta los derechos humanos

^{Imagen del tranvía actualmente en servicio a su paso por el centro histórico de Jerusalén.JUAN CARLOS SANZ}

El punto de contacto de la OCDE en España, denominado NPC, tiene sobre la mesa el proyecto de ampliación del tren ligero o tranvía en Jerusalén Este (JLR, por sus siglas en inglés), en el que participa la compañía española CAF, tras la denuncia presentada por una asociación propalestina que alega que las nuevas líneas atraviesan territorios ocupados por Israel, según las resoluciones de la ONU.

Los dictámenes del NPC no son vinculantes y es probable que la firma de Beasain (Gipuzkoa) acabe rechazando su mediación, pero si el punto de contacto de la OCDE concluye que la obra incumple las directrices de la organización económica internacional en materia de derechos humanos, la reputación de CAF sufrirá un duro revés.

En agosto del año pasado, CAF (siglas de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) y su socio israelí Shapir se adjudicaron la ampliación del tranvía de Jerusalén, un proyecto valorado en 1.800 millones de dólares de los que más de 500 corresponden a la firma vasca. La obra incluye la construcción de 27 nuevos kilómetros de vía y 53 estaciones.

Se trata de prolongar en 6,8 kilómetros la línea ya existente, que llegaría por el norte hasta el barrio de Neve Yakov, y de construir una nueva línea de 20,6 kilómetros hasta el asentamiento judío de Gilo, en el sur. Además, el contrato incluye el suministro de 114 trenes ligeros y la rehabilitación de los 46 en servicio, así como la operación y mantenimiento de las dos líneas durante 15 años.

Tan pronto como se conoció la adjudicación, varias ONG y organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, denunciaron que, en su opinión, la obra consolida la ocupación de Palestina por parte de Israel, al conectar asentamientos judíos con Jerusalén. La construcción de la línea supondrá también la incautación forzosa de tierras palestinas y, en su caso, la expulsión de sus residentes.

El propio Comité de Empresa de CAF en Beasain y el sindicato nacionalista LAB han pedido que se renuncie al contrato, mientras que el Gobierno Vasco, accionista minoritario de la compañía, guarda silencio. La campaña internacional de protestas contra las obras del tranvía, que ya ha arrancado en España, Noruega o Reino Unido, ha llegado también a Jerusalén. Cinco activistas israelíes del movimiento Stop the JLR fueron detenidos el martes por encaramarse a las excavadoras que allanaban el terreno en las inmediaciones de Gilo, en territorio palestino ocupado próximo a Belén.

El Ayuntamiento de Jerusalén ha iniciado los trabajos previos para que el proyecto pueda arrancar en las próximas semanas. La policía practicó los arrestos después de que las obras permanecieran paralizadas durante más de dos horas, mientras los activistas desplegaban una pancarta que rezaba: “CAF, lárgate del tren del apartheid de Israel”.

“Le recordamos a CAF que cualquier infraestructura que consolide los asentamientos viola el derecho internacional. Es mejor que se retire ahora”, ha advertido la activista Sarah Rosen. Los organizadores de la campaña en Jerusalén Este, vinculados al movimiento pacifista y antiocupación israelí, alertan de que la extensión de las líneas de tranvía hasta los asentamientos más cercanos a Jerusalén es un primer paso para prolongarlas hasta las grandes colonias judías, como Maale Adumin (en el este) y Gush Etzion (en el suroeste). Estos proyectos discurren en paralelo a los planes de construcción de nuevas carreteras para promover que se duplique la actual población israelí en Cisjordania hasta llegar a cerca de un millón de habitantes en 2040.

La oferta presentada por la española CAF y la israelí Shapir ganó el concurso al consorcio integrado por cinco compañías de Israel, China, Portugal, Polonia y España (Comsa). Antes, se habían retirado de la licitación las principales empresas ferroviarias del mundo (Alstom, Siemens o Bombardier), supuestamente para no arrostrar las consecuencias de implicarse en una obra tan polémica.

Aunque CAF siempre ha sostenido que su proyecto en Jerusalén Este solo es “un contrato más”, quiso cubrirse las espaldas solicitando un dictamen a un prestigioso catedrático de Derecho Internacional, quien concluyó que no cabe hacer ningún reproche de ilegalidad a la conducta de la empresa vasca, ya que no existe ninguna norma o mandato que le impida concurrir a la licitación. Fuentes próximas a la compañía sostienen que, en el verano de 2019, remitió dicho informe a la asesoría jurídica del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le dio su visto bueno; y agregan que, en las dos reuniones que se celebraron en los meses siguientes en la Secretaría de Estado de Comercio, con participación de varios ministerios, tampoco se puso ninguna pega al contrato.

Advertencia de vulneración de la legalidad internacional

La versión que han dado a EL PAÍS fuentes de Exteriores es diferente. O al menos pone el acento en otros aspectos. Aseguran que CAF ha sido informada de que la obra vulnera la legalidad internacional, pues se construye sobre territorios ocupados por Israel según Naciones Unidas. Eso no quiere decir que la empresa cometa una ilegalidad, y en esto coincide con el informe del catedrático, ya que no existe ningún embargo por parte de la ONU o la UE que el contrato vulnere: la única medida comercial adoptada hasta ahora por los Veintisiete es la obligatoriedad del etiquetado con indicación de origen de los productos importados desde los asentamientos israelíes. Nada que ver con una infraestructura. Por si acaso, el Gobierno ha avisado a CAF de que no podrá contar con avales públicos para financiar la obra, algo que la compañía vasca no piensa solicitar.

El Gobierno también ha advertido a CAF de que podría ser incluida en la lista negra de empresas implicadas en negocios en los territorios ocupados, elaborada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se trata de una base de datos ampliable que por ahora incluye a 112 compañías (94 de ellas israelíes). Junto a plataformas turísticas estadounidenses como Airbnb y TripAdvisor, en la relación figura el gigante francés de material ferroviario Alstom o el propio socio israelí de CAF en la construcción del tren ligero, Shapir. Estar en esa lista no tiene consecuencias jurídicas inmediatas, pero no es la mejor carta de presentación en muchos países.

En su reciente visita oficial a Israel, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, reafirmó en Jerusalén ante su homólogo israelí, Gabi Ashkenazi, que “España cree en la necesidad de dar un impulso a las negociaciones entre Israel y Palestina y en lograr una solución construida alrededor de los dos Estados (...), bajo la guía de las resoluciones de la ONU”. La última y más contundente, la resolución 2334 aprobada por el Consejo de Seguridad bajo presidencia de turno española hace ahora cuatro años, reafirma que “el establecimiento de los asentamientos no tiene validez legal y constituye una flagrante violación del derecho internacional y un obstáculo importante para el logro (...) de una paz general, justa y duradera”.

Israel ha aspirado tradicionalmente a incorporar los principales asentamientos de colonos en Jerusalén Este y en las inmediaciones de la Línea Verde (la frontera anterior a 1967) con Cisjordania, donde viven unas 600.000 personas, tras una eventual acuerdo de paz mediante un intercambio de territorios con el futuro Estado palestino. En el plan presentado el pasado enero por el presidente de EE UU, Donald Trump, Israel recibía por primera vez luz verde para anexionarse hasta un 30% de Cisjordania (todos los asentamientos y el valle del Jordán), una iniciativa que el Gobierno de Netanyahu intentó aplicar sin éxito en julio.

Campañas internacionales de protesta contra la ocupación como las que secunda el movimiento propalestino Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) son condenadas por Israel como acciones marcadas por el antisemitismo y deslegitimadoras de la existencia misma del Estado judío. La legislación vigente prohíbe el paso por las fronteras israelíes a los extranjeros que las dirigen y a quienes se hayan pronunciado en favor de sus objetivos.

 

Fuente: El País