Una de las formas más crudas que adquiere la ocupación israelí es la demolición de viviendas de palestinos y palestinas, que son desplazadas y posteriormente reemplazadas por ciudadanos israelíes, quienes personifican el proyecto de colonización

En el pasado abril, el Estado de Israel demolió más cantidad de casas palestinas que durante todo el año 2018. El incremento de violencia hacia los pobladores de Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania había empezado semanas antes de las elecciones, en el momento en que las campañas de los candidatos jugaban una carrera cuyo ganador sería quien prometiera más violencia y desplazamiento hacia el pueblo palestino.

A semanas del triunfo de Benjamin Netanyahu y con una coalición de gobierno sostenida en otros partidos de la derecha, esas promesas empezaron a cumplirse. El 29 de abril alcanzó un pico de 31 demoliciones en Jerusalén Este en menos de 24 horas. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UN OCHA, por sus siglas en inglés), representa el mayor número de demoliciones en un día desde que ese organismo empezó a monitorear estas actividades en el año 2009.

En lo que va de 2019, ya han sido destruidos 106 edificios palestinos (casas, comercios, escuelas). Cuando se trata de viviendas, es muy probable que éstas estén habitadas, lo que resulta en el consiguiente desplazamiento de las familias.

El pretexto con el que se escuda el Estado de Israel es que estas estructuras no poseen permiso de construcción, que en realidad es casi imposible de conseguir (se otorga a menos del 1% de la población palestina que vive en Jerusalén Este y el área C de Cisjordania). El sistema que regula las áreas de construcción y los permisos de los palestinos fue instaurado después de los Acuerdos de Oslo de 1993; sin embargo, esas tierras en su mayoría pertenecían a familias palestinas desde hacía décadas.

En Jerusalén Oriental, sólo el 13% de la superficie está destinado a zonas residenciales para los palestinos, mientras que el 35% está ocupado por asentamientos ilegales israelíes. El resto permanece bajo denominaciones tales como “área pública”, “reserva natural”, “zona militar”, entre otras.

Todo el procedimiento administrativo y legal hasta la propia demolición está cargado de violencias. Primero, el edificio a demoler recibe una orden escrita en hebreo con una fecha tentativa de demolición. La mayoría de quienes lo reciben no hablan ese idioma. Lo único certero de esta orden es que no hay regularidad en el accionar del gobierno. El Ejército puede presentarse antes de la fecha o dejar pasar varios años desde que emitieron la orden. Este mecanismo sólo produce incertidumbre en las familias, que viven con el miedo constante a ser desplazadas de su propio hogar.

Otra cuestión es que la demolición es tomada por el Estado como un “servicio prestado” por el cual la familia desplazada debe pagar alrededor de 10 mil dólares.

Las destrucciones de casas se llevan a cabo con niveles de agresión altísimos: alrededor de las 5 de la mañana llegan la Policía y el Ejército al lugar donde está el edificio a demoler con las excavadoras, a veces le dan a la familia algunos minutos para que saquen algunos bienes y, si llegara a haber alguna demostración de resistencia, los reprimen con gases lacrimógenos y balas de goma.

En muchos casos, para evitar todo esto, los palestinos deciden “auto-demoler” sus casas antes de la fecha estipulada. Si bien esto permite que el costo económico sea menor, no aminora las consecuencias psicológicas de destruir la propia casa. Muchas veces se organizan entre vecinos para ayudar en esta tarea.

Al terminar, deben esperar la aprobación de la Municipalidad. En caso de que las autoridades definan que la casa no está “bien demolida”, el proceso vuelve a comenzar.

_{Agustina Núñez, integrante del Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel (PEAPI)}

 

Fuente: notasperiodismopopular.com.ar