La empresa vasca se adjudicó la ampliación por territorios ocupados por Israel gracias a un consorcio con una empresa incluida en una 'lista negra' de la ONU

Más de 70 organizaciones vascas han firmado un manifiesto para pedir a la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) que abandone el proyecto para la ampliación del tranvía de Jerusalén, que requerirá la expropiación de tierras palestinas en la zona ocupada por Israel. CAF, con sede en la localidad guipuzcoana de Beasain, ganó la adjudicación de la obra gracias a un consorcio con la constructora Shapir. Se da la circunstancia de que, hace apenas dos semanas, la ONU incluyó a esta empresa socia en una 'lista negra' de 112 empresas que se lucran a partir de las actividades llevadas a cabo en territorio ocupado.

La obra se adjudicó en agosto del año pasado por un valor de 1.800 millones de euros, de los que hasta 500 corresponden directamente a la firma vasca. El objetivo del proyecto consiste en conectar las colonias israelíes de Jerusalén Este y la Cisjordania ocupada con el centro de la ciudad. Para ello, CAF suministraría 114 nuevos tranvías, del modelo Urbos, para una nueva línea y remplazaría 46 unidades de la ya existente.

El manifiesto impulsado por el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones —suscrito por sindicatos como CCOO Euskadi, partidos políticos como Podemos y grupos ecologistas como Ekologistak Martxan Bizkaia, entre otros— describe el proyecto como "un nuevo ataque contra los derechos del pueblo palestino" y exige a CAF que "cumpla con el derecho internacional, se retire del proyecto del tranvía de Jerusalén y, por lo tanto, ponga fin a la complicidad con la ocupación de Palestina". Apunta a la ilegalidad de los asentamientos y pide a la empresa que "se baje del tren del apartheid".

La ampliación se concedió a TransJerusalem J-Net, un consorcio que CAF integra junto con Shapir, una constructora israelí. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en su trigésimo cuarta sesión, publicó el 12 de febrero una lista con las empresas que "directa o indirectamente, han posibilitado y facilitado la construcción y el crecimiento de los asentamientos y se han lucrado con ello". Se trata, añade el documento, de "diferentes actividades económicas que suscitaron preocupación por los derechos humanos".

Rechazo de los trabajadores de la empresa

Ya desde antes de que se hiciese la adjudicación, los trabajadores de CAF mostraron su rechazo al proyecto, apelando al "consenso general respecto de la ilegalidad del proyecto, tanto por su trazado, como por ser discriminatorio al ser de uso exclusivo de colonos en tierra Palestina". De hecho, la Organización para la Liberación de Palestina les agradeció su "acción y entrega" y los significó como "un ejemplo para otros muchos trabajadores europeos" por su "firmeza y ética". Vista la intención de la empresa de seguir adelante, la diplomacia palestina la amenazó con pedir a otros "países vecinos y amigos árabes" que tomasen medidas punitivas, en forma de boicot, contra ella.

La empresa francesa Veolia fijó un precedente, al verse obligada a vender su participación y retirarse de la ampliación de ese mismo tranvía por las presiones recibidas. De igual manera, otras firmas internacionales como Alstom o Siemens decidieron finalmente no concurrir al concurso, de tal manera que el consorcio integrado por CAF y Shapir fue el único.

 

Fuente: Rubén Pereda, Diario 16 - España