Nuevo informe de Human Rights Watch, HRW: Políticas territoriales discriminatorias para los palestinos de Israel
La política israelí en ambos lados de la Línea Verde limita a los palestinos a espacios reducidos, densamente poblados mientras maximiza la tierra disponible para las comunidades judías y con mandato explícito por parte del estado de espacios solo para judíos. En Israel existen los llamados “comités de admisión” que pueden rechazar a solicitantes de vivir en sus pueblos por ser "no aptos para la vida social de la comunidad" o por incompatibilidad con el "tejido sociocultural". Estos comités están diseñados para la exclusión de los palestinos.
La política del gobierno israelí para las comunidades palestinas está basada en asfixiar y confinar a los palestinos. Esto es lo que Israel hace en Cisjordania ocupada y también, esta política se extiende y se practica en las ciudades y pueblos palestinos dentro de Israel.
En un detallado informe de Human Rights Watch, se especifican las políticas de discriminación y segregación hacia los ciudadanos palestinos de Israel y cómo de forma estratégicamente planificada se favorece a los ciudadanos judíos. El informe aborda los aspectos relativos a drásticas restricciones al acceso de los palestinos a la tierra para viviendas, para la recreación y para el crecimiento natural de la población.
Décadas de confiscaciones de tierras y políticas de planificación discriminatorias han confinado a muchos ciudadanos palestinos a ciudades y pueblos densamente poblados que tienen poco espacio para expandirse. Mientras tanto, el gobierno israelí fomenta el crecimiento y la expansión de las comunidades vecinas predominantemente judías, muchas construidas sobre las ruinas de aldeas palestinas destruidas en 1948. Muchas pequeñas ciudades judías también tienen comités de admisión que efectivamente prohíben a los palestinos vivir allí.
"La política israelí en ambos lados de la Línea Verde restringe a los palestinos a espacios densamente poblados mientras maximiza la tierra disponible para las comunidades judías", dijo Eric Goldstein, director ejecutivo interino de Oriente Medio en Human Rights Watch. "Estas prácticas son bien conocidas cuando se trata de la Cisjordania ocupada, pero las autoridades israelíes también están haciendo cumplir prácticas discriminatorias dentro de Israel".
El estado israelí controla directamente el 93 por ciento de las tierras en el país, incluida la Jerusalén Oriental ocupada, (tierras palestinas confiscadas o expropiadas). Una agencia gubernamental, la Autoridad de Tierras de Israel (ILA), administra y asigna estas tierras “estatales”. Casi la mitad de los miembros de su órgano de administración pertenecen al Fondo Nacional Judío (JNF), cuyo mandato explícito es desarrollar y arrendar tierras para judíos y no para cualquier otro segmento de la población. El fondo posee el 13 por ciento de las tierras en Israel, que el estado tiene el mandato de usar "con el propósito de establecer judíos".
Los ciudadanos palestinos de Israel constituyen el 21 por ciento de la población del país, pero los grupos de derechos civiles israelíes y palestinos, estimaron en 2017 que menos del 3 por ciento de toda la tierra en Israel cae bajo la jurisdicción de los municipios palestinos. La mayoría de los palestinos en Israel vive en estas comunidades, aunque algunos viven en "ciudades mixtas" como Haifa y Acre.
A partir de 1948 y en décadas posteriores, las autoridades israelíes confiscaron cientos de miles de dunoms de tierras a los palestinos (10 dunoms equivalen a 1 hectárea). Gran parte de la confiscación tuvo lugar el año 1949, cuando Israel colocó a la mayoría de los palestinos en Israel bajo el “gobierno militar” hasta el año 1966. Durante este período, las autoridades israelíes confinaron a los palestinos en Israel a docenas de enclaves y restringieron severamente su movimiento. También utilizaron varias regulaciones militares y nuevas leyes para confiscar tierras pertenecientes a palestinos que se habían convertido en refugiados o ciudadanos palestinos que fueron desplazados internamente hacia otras zonas del país, incluso declarar que las tierras eran "propiedades de ausentes", esta artimaña “legal” permitió a Israel apropiarse de los bienes y tierras palestinos, tomarlas y luego convertirlas en tierras estatales. Historiadores estiman que de las 370 ciudades y pueblos judíos establecidos por el gobierno israelí entre los años 1948 y 1953, 350 fueron construidos en tierras confiscadas a los palestinos.
Las políticas de tierras en los últimos años no solo no han logrado revertir las incautaciones de tierras anteriores, sino que en muchos casos han restringido aún más la tierra disponible para el crecimiento residencial. Desde 1948, el gobierno ha autorizado la creación de más de 900 "localidades judías" en Israel, pero ninguna para los palestinos, excepto un puñado de municipios y aldeas planificadas por el gobierno en el Negev y Galilea, creadas principalmente para concentrar comunidades beduinas previamente dispersas.
En la década de 1970, las autoridades israelíes incorporaron pueblos y aldeas palestinas al sistema de planificación centralizado del estado, pero los procesos de planificación no han aumentado significativamente la tierra disponible para la construcción de viviendas. Las autoridades han dividido en zonas de grandes ciudades y pueblos palestinos para el uso "agrícola" o como áreas "verdes", en el cual han prohibido la construcción de viviendas en estas zonas y para evitar cualquier intento de modificación o expansión, precisamente, en estas zonas se han construido carreteras y otros proyectos de infraestructura. Un informe de 2003 encargado por el gobierno israelí encontró que "muchas ciudades y pueblos árabes estaban rodeados de tierras designadas para fines tales como zonas de seguridad, consejos regionales judíos, parques nacionales y reservas naturales o carreteras, que impiden la posibilidad de su futura expansión.". Siempre las instalaciones públicas, museos, jardines, parques, carreteras, zonas militares y de seguridad, reservas naturales, todas son instaladas solo en tierras palestinas confiscadas para estos fines “estratégicos” y de interés nacional.
Estas restricciones crean problemas de densidad y una crisis de vivienda en las comunidades palestinas. El Centro Árabe para la Planificación Alternativa, con sede en Israel, dijo a Human Rights Watch que estima que del 15 al 20 por ciento de los hogares en ciudades y pueblos palestinos carecen de permisos, algunos porque las solicitudes de los propietarios fueron rechazadas y otras porque no presentaron la solicitud sabiendo que las autoridades rechazarían sus solicitudes alegando que eran contrarias a la zonificación urbana existente. El grupo estima que, entre 60.000 y 70.000 hogares en Israel, excluyendo Jerusalén ocupada, están en riesgo de ser demolidos por completo. Una enmienda de 2017 a la Ley de Planificación y Construcción de Israel de 1965, conocida como la "Ley Kaminitz", aumenta la "aplicación y penalización de los delitos de planificación y construcción". Hasta julio de 2015, el 97 por ciento de las 1.348 órdenes judiciales de demolición en vigor de Israel eran para estructuras ubicadas en ciudades palestinas.
Por el contrario, en los casos revisados por Human Rights Watch, las autoridades de planificación otorgaron suficientes permisos de tierra y zonificación a comunidades predominantemente judías situadas de manera similar para facilitar su crecimiento.
La ley israelí permite que las ciudades en el Negev y Galilea (que comprenden dos tercios de la superficie en Israel) con comunidades de hasta 400 hogares o grupos familiares, tengan “comités de admisión” que pueden rechazar a los solicitantes de vivir allí por ser "no aptos para la vida social de la comunidad" o por incompatibilidad con el "tejido sociocultural". Esta autoridad efectivamente permite la exclusión de los palestinos de las pequeñas ciudades judías, que Adalah, un grupo de derechos humanos con sede en Haifa, estimó en 2014 el 43 por ciento de todas las ciudades en Israel, aunque un porcentaje mucho menor de la población del país. En un estudio de 2015, Yosef Jabareen, profesor del Instituto de Tecnología, el Technion de Israel en Haifa, descubrió que hay más de 900 pequeñas ciudades judías, incluidos los kibutzim, en todo Israel que pueden restringir quién puede vivir allí y no tener ciudadanos palestinos viviendo. en ellos.
Human Rights Watch documentó en 2008 políticas y prácticas discriminatorias israelíes que dejaron a decenas de miles de beduinos palestinos en el sur de Israel viviendo en asentamientos informales "no reconocidos", donde sus hogares enfrentan la amenaza constante de demolición, y en 2010, la planificación discriminatoria afectó a una aldea palestina cerca de Tel Aviv. (Aldea Jisr Al Zarqa, ver Foto).
El derecho internacional sobre los derechos humanos prohíbe la discriminación racial y étnica, condena la "segregación racial" y protege el derecho a una vivienda adecuada.
"Las políticas territoriales israelíes tratan a las ciudades dentro de sus propias fronteras en términos muy desiguales según si sus habitantes son judíos o palestinos", dijo Goldstein. "Después de décadas de confiscar la tierra de los palestinos, Israel los confina a pueblos saturados y abarrotados, mientras permite que se desarrollen y prosperen los pueblos vecinos solo para judíos".
Las autoridades israelíes se defienden, no obstante la realidad vivida y los resultados concretos observados, confirman el carácter racista de Israel y las políticas oficiales y prácticas habituales, ratifican los miles de informes y estudios de todas los organismos internacionales y humanitarios – como el caso del presente informe-, incluyendo informes y denuncias de las organizaciones israelíes y judías de derechos humanos sobre el Apartheid israelí y las estrategias políticas para asfixiar y confinar a los palestinos y finalmente hacerles la vida imposible y de esta forma terminan por obligarlos a emigrar, como continuación y prolongación de la limpieza étnica llevada a cabo desde 1948.
Fuente: PalestinaLibre.org
Ver informe completo de Human Rights Watch
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