La organización Btselem considera que los palestinos están una situación de indefensión ante unos tribunales que "no quieren ver la realidad" y allanan el camino y legitiman las políticas israelíes de expansión de los asentamientos

Dos jóvenes palestinos llevan en brazos a un niño herido durante las protestas de los viernes contra Israel en la ciudad cisjordana de Gaza. / MOHAMMED SABER (EFE)

Un palestino recibe una orden de demolición de su casa. Vive en la llamada área C de Cisjordania, es decir tierra palestina ocupada desde 1967 y controlada administrativa y militarmente por Israel. Su casa se encuentra en una zona de entrenamiento militar o ha sido considerada tierra del Estado, lo cual, según las autoridades israelíes justifica la orden. El palestino decide apelar. Tras pasar por una primera instancia administrativa israelí, su caso llega al Tribunal Supremo y la historia, según la ONG israelí Btselem, nunca tiene final feliz.

“No hablamos de diez casos sino de centenares de casos. Es impresionante. Y los jueces ignoran la realidad para justificar la demolición de estas casas. No hacen su trabajo y allanan el camino de la ocupación israelí”,denuncia Yael Stein, investigadora de la ONG y autora del informe “Fake justice” (Justicia falsa), publicado este miércoles por la organización.

El estudio denuncia que mientras los palestinos no pueden evitar la demolición de sus casas ni tampoco pueden hacer obras de ampliación de sus viviendas u obtener un permiso para construir un edificio, las colonias israelíes se expanden a pasos agigantados a pocos metros.

No pueden evitar la demolición

“Es un doble rasero terrible: el asentamiento israelí en tierra palestina tiene un plan urbanístico, tiene fondos y el palestino de enfrente, que lleva décadas viviendo ahí no tiene nada (…) Y los jueces lo saben y lo aprueban”, agrega Stein. Además, recuerda la ONG, los palestinos deben acudir a una instancia judicial israelí y ampararse en una ley y una cultura que tampoco son las suyas. “De entrada están ya en inferioridad de condiciones”, afirma Stein.

El informe de Btselem está esencialmente motivado por el caso de la comunidad beduina de Jan al-Ahmar, a las afueras de Jerusalén, cuya demolición recibió el visto bueno del Tribunal Supremo después de décadas de lucha en los tribunales, aunque ha sido por ahora pospuesta por el gobierno israelí después de una importante presión internacional.

Según Btselem, el Tribunal Supremo israelí ha aceptado siempre que un palestino no puede tener una casa en un terreno considerado “tierra del Estado”, aunque sí permite que en ese punto haya colonias israelíes. Concretamente Btselem denuncia que en área C de Cisjordania hay 250 colonias y no ha sido creado un pueblo palestino desde 1967, cuando comenzó la ocupación israelí de esta tierra palestina. “¿Cómo puede ser lógica, comprensible y justa una situación semejante? Es un dato que habla por sí mismo”, afirma Stein.

Según este informe, de 2000 a 2016 los palestinos del área C solicitaron a Israel más de 5.400 solicitudes de permisos de construcción y solo un 4% fue aceptado. Paralelamente, en los últimos 30 años se ordenó la demolición de casi 17.000 casas palestinas de esta zona y más de un 20% de estas órdenes se cumplió.

Indefensión de los palestinos

Btselem afirma que no se conoce un solo caso de un palestino que haya ganado en los tribunales israelíes y haya conseguido dejar sin efecto una orden de demolición. “El marco legal usado por los jueces es variado.Pueden apoyarse en la ley otomana, británica, jordana o militar y juegan con esas disposiciones en función de sus intereses”, según Stein.

“Los jueces podrían ser la última posibilidad de que los derechos humanos fueran protegidos, pero no es el caso. Está claro que el palestino que acude a ellos para evitar una demolición está en una total situación de indefensión”, lamenta Hagai El-Ad, director ejecutivo de Btselem.

Desde los acuerdos de Oslo de 1993, Cisjordania se divide en zonas A (bajo control de la Autoridad Palestina), B y C. Este informe de Btselem se refiere a la zona C, que representa el 60% de Cisjordania y donde Israel tiene un control total y puede llevar a cabo estas demoliciones. En esta zona también viven alrededor de 400.000 colonos israelíes.

Los autores del informe tampoco creen que instancias judiciales internacionales puedan frenar esta situación. “Bajo estos números fríos hay miles de seres humanos que han perdido sus casas y otros muchos que viven con miedo de perderlas. Son vidas congeladas, paralizadas”, concluyó El-Ad.

 

Fuente: Beatriz Lecumberri, Cadena Ser - España