Jueves, 25 Abril 2024

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Políticos colombianos piden sanciones contra el apartheid israelí

Se hizo pública la declaración en oposición al plan de anexión de jure planificado por el gobierno de Israel, y que ha sido suscrita por más de 270 figuras públicas, ex-presidentes, cantantes, escritores, académicos y parlamentarios de toda América Latina, entre los cuales figura Dilma Rousseff, José “Pepe” Mujica, Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales Ayma, Fernando Lugo y Ernesto Samper, los cantantes Chico Buarque y Caetano Veloso y el galardonado Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. En Asia y Africa, Rajmohan Gandhi y Mandla Mandela, nietos de Mahatma Gandhi y Nelson Mandela respectivamente, también apoyaron el manifiesto, junto a más de 250 personalidades del país sudafricano.

La iniciativa también ha sido firmada en Colombia por 16 Senadores y Senadoras, 8 Representantes a la Cámara, 1 ex-representante a la cámara y otras figuras políticas como: Iván Cepeda Castro, Feliciano Valencia Medina, Antonio Esremid Sanguino, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, Jorge Eliécer Guevara, Iván Leónidas Name Vásquez, José Aulo Polo Narváez, Aída Yolanda Avella Esquivel, Wilson Arias, Alberto Castilla, Victoria Sandino Simanca, Julian Gallo, Pablo Catatumbo, Criselda Lobo, Israel Alberto Zúñiga, María José Pizarro, David Ricardo Racero, Germán Navas Talero, Jorge Alberto Gómez Gallego, Alirio Uribe Muñoz, Carlos Alberto Carreño Marín, Omar de Jesús Restrepo, Luis Alberto Alban Urbano, Jairo Reinaldo Cala, Susana Muhamad, y Clara López Obregón. Adicionalmente el manifiesto fue suscrito por los partidos políticos: Unión Patriótica y Polo Democrático Alternativo.

El documento publicado en el marco de una iniciativa de la sociedad civil sudafricana y parte de una respuesta unificada de África, Asia y América Latina, pide sanciones contra Israel y la reactivación del Comité Especial de la ONU contra el Apartheid para frenar la política del gobierno de Israel.

“La creciente gravedad de las violaciones de Israel y su impunidad nos obligan a responder al llamado hecho por la abrumadora mayoría de las organizaciones de la sociedad civil palestina. […] Apoyamos el llamado del pueblo palestino a prohibir el comercio de armas y la cooperación en los ámbitos militares y de seguridad con Israel; suspender los acuerdos de libre comercio con Israel; prohibir el comercio con asentamientos ilegales israelíes y exigir responsabilidad de parte de personas físicas y actores corporativos cómplices en el régimen de ocupación y apartheid de Israel. Nos comprometemos a trabajar dentro del marco de nuestras respectivas estructuras nacionales para abogar por la implementación de estas medidas,” señala la declaración pública.

Por su parte, el ex Ministro de Relaciones Exteriores y Defensa de Brasil, Celso Amorim, firmante de la declaración, enfatizó que “la anexión del territorio palestino propuesta por Israel no es solo un delito contra el derecho internacional y una amenaza para la paz; es también una agresión a mujeres y hombres que lucharon contra el colonialismo y el apartheid. ¡La voz del sur debe ser escuchada!”

Junto a esta declaración, el movimiento internacional Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) de América Latina lanzó una campaña llamada #NoALaAnexion que busca frenar el plan de anexión israelí y que se generen sanciones contra el régimen de apartheid implementado por el gobierno de Israel al pueblo palestino.

En este marco, la comunidad sudafricana en solidaridad con Palestina realizó una manifestación virtual el sábado 4 de julio que contó con la participación del fundador de BDS Omar Barghouti, el nieto de Nelson Mandela Mandla Mandela, el nieto de Mahatma Gandhi Rajmohan Gandhi, la conocida activista Sudafricana Phakamile Hlubi Majola, ex-canciller de Brasil Celso Amorim, la diputada chilena Karol Cariola y el ex-presidente uruguayo José «Pepe» Mujica.

 

Notas para las y los editores:

  • En septiembre del 2019  Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, anunció como una de las principales promesas de su campaña electoral, el inicio de un proceso de anexión de jure del 30% del territorio palestino de Cisjordania ocupado militarmente por Israel, con el objetivo de reforzar la anexión de facto que ha sido implementando por décadas sobre el territorio Palestino.
  • La anexión de jure fue respaldada en enero de 2020 por la administración del gobierno estadounidense de Donald Trump, quien recogió la anexión ilegal del territorio palestino de Cisjordania en su plan para el Medio Oriente. 
  • Este 1 de julio estaba programado el anuncio del primer Ministro Israelí con los detalles de implementación del plan de anexión de gran parte de territorio palestino de Cisjordania actualmente ocupado militarme por Israel. Pero no llegó a concretarse en la fecha definida, ya que según las mismas fuentes de gobierno «aún no hay un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos» en los detalles  de su implementación, pero que se llevará a cabo en el mes de julio.
  • Desde la ONU esta medida ha sido altamente criticada. El pasado 29 de junio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló en un comunicado que «la anexión es ilegal. Punto. Cualquier anexión. Sea el 30% de Cisjordania o un 5%”Más aún, el Secretario General del estamento ha definido el plan de anexión como “la violación más grave al derecho internacional”  y expertos de la organización han caracterizado la iniciativa israelí como el  «apartheid del siglo XXI», ya que viola los derechos del pueblo palestino y invalida las normas fundamentales del derecho internacional, incluida la prohibición de la conquista del territorio por la fuerza y ​​el derecho a la libre determinación, lo que marcaría un precedente para otras naciones del mundo.
  • La sociedad civil palestina demanda de manera unificada a la comunidad internacional que se implementen sanciones específicas contra Israel, de acuerdo a las normas del derecho internacional, incluida la prohibición del comercio de armas y de la cooperación militar y de seguridad, la suspensión del libre comercio y otros acuerdos económicos, la prohibición de hacer negocios con empresas israelíes involucradas en los asentamientos ilegales y la activación de las herramientas para combatir y poner fin al apartheid.

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