Un tribunal palestino ordenó bloquear el acceso a casi sesenta páginas web de información y análisis político en las que se publica contenido crítico con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), una polémica decisión que hoy denunciaron varias asociaciones y Hamás.

"Las 59 páginas web bloqueadas representan un amplio espectro del discurso político palestino" y "todas tienen en común que son críticas con la ANP", declaró a Efe Nadim Nashif, el director de "7amleh", el Centro Árabe para el Avance en las Redes Sociales.

La resolución, emitida el pasado 17 de octubre por la Corte de Magistrados de Ramala, en la Cisjordania ocupada, se basa en una polémica ley de delitos cibernéticos aprobada en 2017 por un decreto del presidente, Mahmud Abás, que puso en pie de guerra a los periodistas palestinos al considerar que suponía una maniobra para contener las críticas.

Según Nashif, la corte usó "definiciones básicas" de esta norma como fundamento para su decisión, "que coarta la libertad de expresión y criminaliza cualquier sitio web que critique" a las instituciones de poder palestinas.

El tribunal tomó la decisión tras una petición de la Fiscalía, que alegó que las páginas bloqueadas "atacan e insultan símbolos de la ANP, e incluyen 'frases, imágenes y artículos que amenazan la seguridad nacional y la paz social'", denunció "7amleh" en un comunicado.

Entre las plataformas digitales vetadas hay páginas vinculadas a Hamás, que gobierna de facto en la Franja de Gaza desde que arrebató su poder por la fuerza a la ANP en 2007.

En un comunicado, Hamás condenó hoy la resolución, que calificó como un "crimen contra la libertad de expresión" y "un ataque contra todos los periodistas palestinos y las libertades de prensa".

También fue criticada por el Sindicato Palestino de Periodistas, que convocó una manifestación de protesta para este miércoles.

Por su parte, "7amleh" pidió al Gobierno palestino que revise la decisión judicial, asegure "el derecho a la libertad de expresión" y garantice "la imparcialidad y la independencia del sector judicial" para impedir "violaciones de los derechos digitales".

 

Fuente: Agencia EFE