El Tribunal Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar los crímenes de guerra perpetrados en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza.

Palestina acaba de traspasar otra señal en el largo camino hacia la justicia.

Fatou Bensouda, fiscal principal del Tribunal Penal Internacional, declaró la semana pasada que Palestina es un estado frente a los efectos del Estatuto de Roma por el que se fundó dicho tribunal.

El tribunal tiene jurisdicción para investigar los crímenes de guerra perpetrados en Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, agregó.

Bensouda reconoció que "un hallazgo de que el tribunal carece de jurisdicción probablemente excluiría cualquier acceso a la justicia para las víctimas" de los crímenes que identificó durante su examen preliminar sobre la situación en Palestina.

Esa investigación de años concluyó en diciembre cuando Bensouda recomendó que el tribunal abriera una investigación formal. Pero solicitó que un panel de jueces previo al juicio dictamine sobre la jurisdicción como condición previa para una investigación.

Esa decisión se espera en los próximos meses.

Los grupos palestinos de derechos humanos que han llevado a cabo investigaciones de crímenes de guerra ante el Tribunal Penal Internacional acogieron con beneplácito la respuesta del fiscal la semana pasada a más de 50 presentaciones presentadas ante el tribunal argumentando a favor y en contra de la jurisdicción en los territorios ocupados.

Shawan Jabarin, director de Al-Haq, uno de esos grupos de derechos humanos, aplaudió la "gran dependencia de Bensouda en las presentaciones hechas en nombre de las víctimas palestinas".

El pueblo palestino, cuyo derecho a la autodeterminación ha sido reconocido durante mucho tiempo mientras se ha negado su ejercicio, son los soberanos legítimos de Cisjordania y Gaza, argumentó Bensouda.

El último soberano reconocido de esos territorios fue el Imperio Otomano, que renunció a sus derechos y título en 1923.

Palestina fue tratada como una nación independiente en la adopción del Tratado de Versalles en 1919 luego del colapso del Imperio Otomano. Pero en 1947, las Naciones Unidas recomendaron la división de Palestina en dos "uno árabe y otro judío independiente".

Mientras tanto, el dominio británico sobre Palestina ya había allanado el camino para la colonización sionista que culminó con la declaración del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.

Luego vino la toma israelí de Cisjordania y Gaza, administrada por Jordania y Egipto, respectivamente, por la fuerza en 1967. Fue seguida por una beligerante ocupación militar de esos territorios, incluida la construcción de colonias israelíes en ellos.

"La viabilidad de Palestina como estado, y el ejercicio del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, se ha visto obstaculizado por la expansión de los asentamientos y la construcción de la barrera y su régimen asociado en Cisjordania", afirmó Bensouda.

Se ha señalado que el derecho internacional contemporáneo reconoce el derecho a la libre determinación como fundamental y universal “dando lugar a la obligación de la comunidad internacional en su conjunto para permitir y respetar su ejercicio”.

Derecho a la libre determinación

Esta posición fue aplaudida por grupos de derechos humanos palestinos.

"La aprobación del fiscal del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la soberanía permanente es muy bienvenida", señaló Jabarin de Al-Haq.

Pero Bensouda defendió su solicitud de un fallo sobre la jurisdicción judicial antes de cualquier caso penal real, una medida que fue criticada por algunas víctimas palestinas y sus representantes.

También rechazó el argumento presentado por los sustitutos de Israel de que reconocer la jurisdicción judicial conferiría indebidamente la condición de Estado a Palestina, un estado que ella acepta no es el resultado de la adhesión a tratados como el Estatuto de Roma.

Observó que ningún estado parte empleó los mecanismos de ese estatuto para impugnar la adhesión de Palestina en 2015.

Una adhesión desigual a la corte de "dos niveles" socavaría "la protección y la disuasión que proporciona la adhesión al Estatuto de Roma", indicó.

"En pocas palabras, cualquier persona que cometa un delito internacional en el territorio de un estado parte puede ser investigada y procesada por un estado o en el tribunal, independientemente de su ciudadanía", afirmó Bensouda.

Los crímenes internacionales incluyen genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En desacuerdo con algunas de las observaciones alineadas con Israel presentadas a la corte, Bensouda dijo que los acuerdos de Oslo firmados por Israel y la Organización de Liberación de Palestina en la década de 1990 no impiden que la corte ejerza jurisdicción en Cisjordania y Gaza.

Tampoco una determinación de jurisdicción judicial "implicaría la resolución de" disputas "territoriales entre Israel y Palestina, que claramente no es el mandato de la corte", agregó.

“No se requieren fronteras territoriales indiscutibles para que el tribunal ejerza su jurisdicción, ni son un requisito previo para la condición de estado; de hecho, puede existir un estado a pesar de los reclamos conflictivos sobre su territorio ", dijo Bensouda.

Anexión inminente

Muchos de los crímenes que Bensouda encontró en su examen preliminar están en curso.

"Como la anexión de partes de Cisjordania por parte del Estado de Israel parece inminente, con el apoyo estadounidense, ahora es más importante que nunca que se realice una investigación sobre los crímenes de guerra israelíes y los crímenes contra la humanidad", afirmó Al-Haq .

El grupo de derechos humanos expresó su decepción por el hecho de que la fiscal excluyera las aguas de la costa de Gaza de su comprensión de la jurisdicción del tribunal.

Los grupos palestinos "siguen preocupados por la comisión en curso del delito de saqueo en el mar, la apropiación ilegal de los recursos naturales costeros palestinos y el ataque sistemático de los pescadores palestinos frente a la costa de Gaza", agregó Al-Haq.

Ese grupo dijo que "sigue preocupado de que el fiscal continúe resistiéndose a tomar medidas en el caso Mavi Marmara ".

En 2015, el fiscal decidió no abrir una investigación sobre las heridas mortales de 10 personas cuando los comandos israelíes asaltaron el Mavi Marmara , el barco más grande de una flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza.

Los jueces de apelaciones de la CPI le han dicho dos veces a Bensouda que reconsidere, y los abogados de las víctimas todavía están apelando el caso .

Cuando el panel de jueces emita su decisión sobre la jurisdicción de la corte según la solicitud de Bensouda, es probable que también sea apelada. Las acusaciones de funcionarios israelíes de alto rango, y mucho menos los juicios por crímenes de guerra, aún están muy lejos.

El tribunal enfrenta la ira de Estados Unidos e Israel , y se verá sometido a una presión creciente a medida que avanza hacia la apertura de investigaciones que harían responsables a los funcionarios de ambos países.

Las presentaciones hechas por los signatarios del Estatuto de Roma, como Alemania argumentando en contra de la jurisdicción judicial en Palestina, así como una amenaza apenas velada de desembolso desde Canadá, socavan la capacidad de la corte de ejercer su mandato independiente frente a la beligerancia estadounidense-israelí.

Mientras tanto, el recién formado gobierno israelí planea proceder con la anexión de grandes extensiones de tierra de Cisjordania en julio.

"Como el Tribunal constituye la última esperanza para la rendición de cuentas de las víctimas palestinas, es crucial que tome medidas para poner fin a la impunidad de Israel", declaró el Centro Palestino de Derechos Humanos .

 

Fuente: Maureen Clare Murphy, The Electronic Intifada / Traducción: Palestinalibre.org Palestinalibre.org