Las autoridades impiden la entrada de una joven, nieta de palestinos, por participar supuestamente en una campaña contra el Estado judío. El Supremo ha suspedido su expulsión

A Lara Alqasem, una estudiante estadounidense, nieta de palestinos, la eligieron con 19 años presidenta de la sección de la Universidad de Florida en la organización estadounidense Estudiantes por la Justicia en Palestina, que contaba con ocho afiliados. Cuando recibía invitaciones a través de Facebook para participar en actos de solidaridad con la causa palestina, marcaba sistemáticamente la etiqueta “interesada en asistir”. Con el título de licenciada en Derecho en la maleta y aparentemente desvinculada de la actividad política en el campus, la joven aterrizó el pasado día 2 en Tel Aviv provista de un visado expedido por el consulado israelí en Miami y un certificado de matrícula en la Universidad Hebrea de Jerusalén para cursar un máster sobre derechos humanos.

Las alarmas saltaron de inmediato en el control de pasaportes del aeropuerto Ben Gurion. Le fue aplicada la ley vigente desde marzo del año pasado que veta la entrada al país a partidarios de la campaña de Boicot, Sanciones y Desinversiones (BDS) a Israel, que recurre a la misma estrategia de aislamiento que puso fin al régimen del apartheid en Suráfrica hace un cuarto de siglo para acabar con la ocupación de territorios palestinos.

Alqasem, de 22 años, permanece retenida desde entonces en la zona de control de inmigración de la terminal internacional. Allí ha impugnado por vía administrativa y judicial la decisión del Ministerio del Interior de cerrarle el paso. Cuando faltaba apenas una hora para que se ejecutase su expulsión, el Tribunal Supremo suspendió este domingo el fallo dictado el jueves por un tribunal de Tel Aviv y ordenó revisar su caso el miércoles, tras el recurso final presentado por su abogado.

Decenas de militantes o simples simpatizantes del movimiento BDS han sido bloqueados en las fronteras israelíes desde que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, considerado el más derechista en la historia de Israel, lograra la aprobación en la Kneset (Parlamento) de la restrictiva legislación. A la activista propalestina española Ana Sánchez Mera le fue expeditivamente aplicada en Ben Gurion el pasado mes de julio, cuando coordinaba la visita a Palestina de una delegación de cargos municipales y autonómicos de Podemos y sus confluencias.

El veto a Alqasem, sin embargo, ha adquirido una repercusión sin precedentes tanto en su propio país —donde el Departamento de Estado ha invocado el principio de libertad de expresión de sus ciudadanos— como en el propio Estado judío, donde sectores del Gobierno y de la sociedad civil han comenzado a poner en duda la efectividad de la ley. El deterioro de la imagen de Israel en EE UU, su principal aliado internacional, por la prolongada retención está detrás de la polémica.

El viceministro de la Presidencia del Gobierno, el exembajador en Washington Michael Oren, ha sido la voz más crítica del Gabinete. “Está medida nos está causando un claro daño político”, advirtió en un comunicado reproducido por The Jerusalem Post. “Los responsables de su aplicación deben examinar con cuidado si Lara Alqasem realmente es una partidaria del BDS”, precisó. Oren llamó a "revisar la política de Israel" para proteger su imagen como sociedad democrática e ilustrada, dijo. La viceministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Hotovely, aseguró a su vez en un debate radiofónico citado por Reuters que la aplicación de la legislación “no ha demostrado ser especialmente exitosa”.

Estas poco veladas críticas parecen apuntar al ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, responsable de la lucha contra el BDS en Israel. Erdan ha mantenido una trayectoria errática sobre el caso. “Si ella condena con su propia voz, y no a través de sus letrados, el ilegítimo apoyo al BDS y se arrepiente de lo que hizo reconsideraremos su situación”, declaró a la radio estatal mientras arreciaban las críticas en el exterior. Cuando el tribunal de Tel Aviv ratificó la expulsión de la joven, Erdan insistió en que solo se le prohibía la entrada “por sus actividades contra el Estado de Israel y no a causa de sus ideas u opiniones”.

En vísperas de comicios municipales y ante la previsible convocatoria de legislativas anticipadas, el jefe del Gobierno parece haber optado por mantener un perfil bajo sobre el caso de Lara Alqasem. "Todas las democracias toman medidas especiales para decidir a quién dejar entrar y a quién no. A quien actúa de forma virulenta contra EE UU no se le permite la entrada, y lo sabe de antemano. Esto también es cierto para muchas democracias europeas. Y para la democracia llamada Israel", aseguró en un acto público celebrado la noche del domingo, según informó la Oficina de Prensa del Gobierno.  "Confío en que el ministro Erdan haya examinado e investigado el asunto", concluyó. "Ahora depende del Tribunal Supremo de Israel, así que no voy a entrar en ello. Si no es admitido [el recurso], será deportada".

Perfil en Facebook

La fiscalía ha invocado como cargo inculpatorio las repetidas etiquetas de “interés en asistir” marcadas en Facebook sobre invitaciones a actos en los que estaba previsto expresar un apoyo público a la campaña BDS. “Pero no tenemos manera de aportarlo como prueba”, admitió un representante del ministerio público después de informar de que el perfil de Alqasem en la red social había sido borrado.

Según medios israelíes, el eje central de la acusación contra la estudiante son las investigaciones de sus actividades en la web efectuadas por Canary Mission,grupo que documenta actividades antisraelíes en los campus estadounidenses, facilitadas a la base de datos del Ministerio de Asuntos Estratégicos.

La Universidad Hebrea de Jerusalén ha expresado su pleno respaldo a su alumna de posgrado. “La estudiante decidió venir a Israel para cursar un máster en Derecho, a pesar de los principios del boicot [que se le imputan]”, reza un comunicado del rectorado publicado por el diario Haaretz. “Creemos que la decisión de los ministros de Interior y de Asuntos Estratégicos de deportarla es un error que (…) socava las iniciativas académicas israelíes para atraer estudiantes e investigadores extranjeros”.

 

Fuente: El País